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n la última administración menemista, el Estado nacional les otorgó 30 millones de pesos/dólares a Sindor y Pacayut para ampliar el puerto de Ibicuy y construir un muelle isla de más de 200 metros de largo y una zona portuaria adecuada. De la obra proyectada y financiada, se completó solo parcialmente el muelle isla. El negocio lo había conseguido el ex senador provincial Abelardo Félix Pacayut -ya fallecido-, en función de sus contactos con el menemismo. Carlos Pacayut al igual que el ex legislador, integraban una Comisión de Fomento de Ibicuy junto a Norberto Durrels, Rafael Alberto Morana, Carlos Alberto Lovera y Julio César Ivanovich, que se unieron a MiguelSan para cometer el fraude. Los únicos con prisión efectiva eran Sindor, Carlos Pacayut y el ex legislador fallecido. Esta mañana fueron informados los asesores legales de la Fiscalía de Estado provincial, sobre los pedidos de detenciones de Sindor y Pacayut y este miércoles acudirán a firmar la notificación en Tribunales. Una detención con demora Si bien en octubre del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por concluido el proceso por el millonario desvío de fondos en la construcción del Puerto Ibicuy, tras rechazar el recurso extraordinario promovido por los ex funcionarios y empresarios condenados por la justicia entrerriana por la malversación de caudales públicos, recién el miércoles último la justicia entrerriana dispuso la orden. Casi cuatro años después de la condena dispuesta por la Sala Primera de la Cámara Primera en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, integrada por los vocales José María Chémez, Hugo Daniel Perotti y Daniel Malatesta, se pone fin a uno de los casos de corrupción más resonantes en las últimas dos décadas. La sentencia fue firmada el 21 de diciembre de 2012. Sindor y Pacayut, al igual que el ex senador provincial -fallecido el 24 de junio de 2014- fueron acusados por el delito de Peculado y se les impuso una pena de prisión efectiva de cuatro años. Los tres fueron también inhabilitados para ejercer cargos públicos. Ni Sindor ni Carlos Pacayut ocuparon cargos en ningún organismo oficial en los últimos años, pero no por ello dejaron de continuar en negocios. Sindor conformó dos empresas en el 2010, con sede en Capital Federal. Por un lado, la denominada Empresa de Mandatos S.A.; luego, la firma Refinadora Patagónica S.A. En ambos lugares quedó como presidente. No conformaba empresas desde MiguelSan. Carlos Pacayut, por su parte, se “desprendió” de su empresa Transporte Forestal SRL, con sede en Paso de los Libres (Corrientes). La había conformado en agosto de 2004. En octubre del año pasado, la Corte Suprema declaró “improcedente” el recurso extraordinario promovido por Carlos Pacayut, Norberto Durrels, Julio César Ivanovich, Carlos Lovera (a través de los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini); Alberto Víctor Sindor (con el patrocinio de Cecildo Ángel Ayala e Ignacio Esteban Díaz) y Rafael Morana (con Marciano Martínez). Los magistrados entrerrianos habían considerado probado que “hubo un plan por el que Félix Abelardo Pacayut logró que fueran otorgados Aportes al Tesoro Nacional (ATN) a la Comisión de Fomento gradualmente” y “sacaron el dinero de la órbita de la provincia para una obra que tenía carácter público”. Pacayut era senador provincial por el departamento Islas y a cargo del ente portuario estaba su hermano Carlos. Cuando Menem llegó a la Presidencia, Pacayut pasó a ser uno de los referentes peronistas con línea directa con varios encumbrados funcionarios del menemismo y de ello sacó provecho. La causa La denuncia inicial, tras una pormenorizada tarea investigativa, la llevó adelante la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que lideraba el concordiense Oscar Rovira. La presentación judicial la radicaron el 31 de marzo de 2001 -en pleno gobierno de Sergio Montiel-, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda gestión de Jorge Busti. En el extenso escrito, de casi 100 páginas, quedaba establecido que el ex senador provincial Abelardo Félix Pacayut fue el encargado de gestionar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ante el Ministerio del Interior liderado por Carlos Corach, para la construcción del Puerto Ibicuy y, al mismo tiempo, se constituyó una asociación civil denominada Comisión de Fomento Pro-desarrollo del Puerto Ibicuy, sin personería jurídica ni sede social e integrada por Durrels, Ivanovich y Lovera, y luego se sumó Morana como contador público. Fue esa comisión la que encaró la concreción de la obra de ampliación del puerto. La precaria asociación civil convocó a una licitación privada y adjudicó la ejecución de la obra a la firma MiguelSan SA, de Sindor, con supuesto domicilio en la ciudad de Buenos Aires, por un monto de 29.855.057 de dólares más IVA. El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Pacayut. La ex FIA investigó ese contrato y pudo establecer que un año después de la firma del contrato de obra, en 1998, MiguelSan SA cedió el contrato Instituto Portuario Provincial (IPP) y al Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), organismos que conducían los hermanos Pacayut. Los trabajos no llegaron a ejecutarse. Según dictámenes técnicos de 2002, el Estado recibió la obra en pésimo estado, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado. La justicia logró probar el desvío de alrededor de 14 millones de dólares. Todos fueron condenados el 21 de diciembre de 2012. Carlos Pacayut fue condenado como autor del delito de de peculado, es decir, apropiación de dineros públicos, y recibió una pena de cuatro años de prisión; Abelardo Félix Pacayut y Sindor fueron condenados como partícipes necesarios a cuatro años de prisión; Durrels y Morana también fueron considerados partícipes necesarios pero con una responsabilidad atenuada y por eso recibieron una pena de tres años de prisión condicional; mientras que Ivanovich y Lovera fueron condenados como partícipes secundarios y recibieron una pena de un año y seis meses de prisión condicional. Durrels era empleado de Vialidad Provincial en Ibicuy; Morana es contador público en Paraná, mientras que Llovera e Ivanovich eran empleados del Senado entrerriano. Ninguno podrá ejercer cargos públicos de por vida. La sentencia fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en agosto de 2014. Esa confirmación le llegó post-mortem al ex senador. Abelardo Félix Pacayut murió el 24 de junio. Había pasado tres meses en la cárcel de Paraná, cumpliendo también una condena anterior por haber falsificado documentación para obtener una casa del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Estando en prisión su estado de salud se agravó y entonces se le concedió el arresto domiciliario. Pocas semanas después debió ser internado en una clínica privada, hasta su fallecimiento. (Análisis Digital)