E

l Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) advirtió a la Uader recomendó “satisfacer el derecho a la educación” del represor Jorge Humberto Appiani, es decir, que revea la expulsión del represor condenado a fines del año pasado por crímenes de la dictadura. El Instituto alega que la negativa de la universidad a brindarle educación -y, por ende, un derecho humano- al ex represor "implica indirectamente la consideración de una sub-humanidad del mismo". Sin embargo, la medida del Inadi no es vinculante y la academia podría no tomarla en cuenta. La expulsión En el año 2012, el Consejo Superior de la Uader dispuso “la no admisión ni permanencia de condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes”. La medida alcanzó a Appiani y al médico Hugo Moyano. En el caso de Appiani, detenido en la cárcel de Paraná, estudiaba el Profesorado en Historia, que dicta la Facultad de Humanidades, en el marco del Programa Educación en Contextos de Encierro. La iniciativa de expulsarlo surgió cuando el docente Darío Velázquez manifestó su preocupación por la presencia del represor en sus clases y pidió que se establecieran criterios para “la admisión de personas procesadas y/o condenadas por delitos de lesa humanidad”. Entonces la universidad tomó la decisión de expulsarlo por haber intervenido en la represión ilegal. “La universidad puede otorgar premios éticos y también aplicar sanciones del mismo tipo. Los afectados participaron de un régimen que asesinó a miles de estudiantes y profesores, razón más que suficiente para aplicar la sanción ética mentada”, consignó la resolución del Consejo Superior, en un párrafo extraído de una medida similar tomada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Appiani recurrió su expulsión ante la justicia, donde el planteo fue rechazado, y ante el Inadi. La resolución del caso llegó cuatro años después, tras el cambio de gobierno y, por lo tanto, de las autoridades del organismo administrativo. Humanidad o sub-humanidad El dictamen del organismo anti-discriminatorio está firmado por Analía Miskowiec, coordinadora de Recepción y Evaluación de Denuncias. Señala que la universidad tuvo una “conducta discriminatoria”, aunque admitió que “la abominable labor de los partícipes de crímenes de lesa humanidad (…) justifica claramente la objeción de conciencia de los individuos para, por ejemplo, enseñar a uno esos partícipes”, en referencia a la postura del docente que llevó el planteo al Consejo Superior. No obstante, consignó El Diario, Miskowiec aclaró que “no puede decirse lo mismo a nivel institucional porque de ese modo se afecta un derecho humano básico que asiste a todas las personas”. Para el Inadi, “que el propio Estado no pueda garantizar el derecho a la educación de un ser humano, más allá de las aberraciones que este haya perpetrado, implica indirectamente la consideración de una sub-humanidad del mismo". Esto se debe, sugiere el dictamen, a que "por una cuestión de lógica, si se define al ser humano como aquel que posee todos los derechos humanos consagrados, la negativa de uno de esos derechos implica considerarlo por debajo de esa definición”. La única manera contemplada por el Inadi de que Appiani –u otros represores condenados por crímenes de la dictadura– no puedan estudiar en una universidad pública sería que “se les impongan penas accesorias, como podría ser la imposibilidad de instruirse en instituciones educativas estatales”. Con el dictamen en la mano, la semana pasada, Appiani presentó una nota de su puño y letra ante las autoridades de la Facultad de Humanidades de la Uader pidiendo que se cumpla el dictamen del Inadi y se le permita retomar los estudios. Condenado El ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani, de 62 años, lleva casi siete años detenido en la cárcel de Paraná. El 23 de diciembre pasado fue condenado a 18 años de prisión por secuestros y torturas de 27 víctimas, entre ellas, Claudio Marcelo Fink y Victorio Erbetta, ambos desaparecidos. La pena vencerá el 4 de junio de 2027. Entre 1976 y 1977 se desempeñó como auditor del Ejército y auxiliar del consejo de guerra estable que juzgó y condenó a decenas de presos políticos sin garantías de ningún tipo. En esas parodias de juicios era quien confeccionaba las declaraciones autoincriminatorias que luego les hacían firmar a las víctimas.