E

l intendente de Larroque Darío Benedetti (Cambiemos) se encontró con que la gestión anterior de Raúl Riganti (Frente para la Victoria) adjudicó $21 millones a una empresa desconocida en la región para una obra que finalmente costó unos $5 millones. Quiere devolverle al Ministerio del Interior de la Nación el sobreprecio: $13 millones aún no pagados y $3 millones que la firma habría cobrado de más. Un decreto de Benedetti declaró "lesiva a los intereses municipales" la contratación realizada en 2015 con la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA) para la construcción de 14 cuadras de pavimento, financiadas por el gobierno nacional, más precisamente a través del entonces ministro Julio De Vido a cargo de la cartera de Planificación e Infraestructura. Denuncia y devolución La denuncia del actual intendente apunta que Riganti (FpV) presupuestó 21 millones de pesos para el asfaltado y se los adjudicó a OIC S.A. pero que una auditoría determinó que la obra costó poco más de 5 millones. La empresa cobró hasta ahora un poco más de 8 millones y Benedetti pretende que devuelva los tres que sobran. Nación destrabó la segunda parte del pago, unos 13 millones, acreditados en la cuenta del municipio. Pero, en lugar de girarlos a la empresa, Benedetti pretende devolverlos al Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio. La operatoria iba a realizarse este miércoles pero Frigerio cayó enfermo y se habría postergado para el martes. La cartera nacional, a través del convenio a suscribir con Larroque, aceptaría el reintegro de los 13 millones y asumiría el compromiso de afrontar los eventuales costos económicos que puedan derivar de un reclamo judicial de la empresa. El intendente larroquense radicó una denuncia penal ante el fiscal Sergio Rondoni de Gualeguaychú por supuesto fraude a la administración pública por parte de la empresa y por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la gestión anterior, liderada por Riganti. A su vez, Benedetti anticipó que demandará en los tribunales de Paraná a OIC S.A. para que devuelva los 3 millones extra que arrojaron los cálculos de la auditoría. La maniobra Según este estudio, el proceso del concurso de precios N° 09/2015 “está plagado de irregularidades al inicio, durante su tramitación, en su adjudicación y en la realización de la obra”. En mayo del 2015, Riganti celebró un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación General, para la construcción de 14 cuadras de pavimento por un monto de 21,6 millones de pesos, registró El Diario. La denuncia de Benedetti relata que mediante una resolución del presidente del Concejo Deliberante, y sin aprobación del cuerpo legislativo, Riganti evitó llamar a una licitación pública, en contra de lo que determina la ordenanza de compras del municipio, y otorgó la obra mediante un concurso de precios. No se convocó para ello a ninguna empresa de la zona y a ninguna de las firmas registradas en el listado de proveedores del municipio. Riganti invitó a cotizar a OIC S.A, (con sede en la Ruta 18, kilómetro 11.5, San Benito, departamento Paraná); a Szczech Néstor Iván, domiciliada en Pedraza 580 de Paraná; y a L y Construcciones SA, también de Paraná. OIC SA fue la más económica. La auditoría reveló que OIC SA estaba en conocimiento de que la Municipalidad de Larroque convocaría a un concurso de precios para la construcción de 14 cuadras de asfalto. $15,6 millones de más Además de la auditoría, el municipio encargó una pericia técnica de la obra que determinó, entre otras cosas, que el costo de cada cien metros de asfalto fue de 1.913.573 pesos. También se revela que “por excavación de terreno OIC SA presupuestó 1.176 m/3 y ejecutó 180 m/3; por cordón cuneta presupuestó 2.352 ml y ejecutó 430 ml; por preparación de subrasante presupuestó 2.352 m/3 y ejecutó 430 m/3”. Según la auditoria, a la fecha de su ejecución, el costo de lo efectivamente construido ascendió a la suma de $5,4 millones , lo que determina un sobreprecio de $15,6 millones. Hasta ahora la empresa ha percibido la suma de $8,6 millones, y los $13 millones restantes, que se encuentra acreditados en una cuenta del municipio, serían devueltos al Ministerio del Interior.