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on la presencia de los 17 senadores y la presidencia de la sesión por el vicegobernador Adán Bahl, se reunió este martes la Cámara Alta provincial. Ingresó el proyecto de ley que crea el Consejo Provincial de Políticas Sociales de la Provincia y propone que esté integrado por los tres poderes del Estado, los municipios, comunas, representantes de organizaciones sociales, asociaciones sindicales y de trabajadores, empresarios y organizaciones confesionales. Los objetivos serán “establecer las políticas prioritarias para el corto, mediano y largo plazo, y definir estrategias de abordaje, metodologías de trabajo y perspectivas de intervención territorial” y lo presidirá el gobernador de la provincia. Es una de las normas introducidas -y aún no reglamentadas- por la reforma de la Constitución en 2008, que creó la figura a través del artículo 53 proponiéndola como una institución de consulta de los poderes públicos del Estado. Qué dice el artículo 53 La Constitución entrerriana reformada en 2008 establece que " Consejo Económico y Social es un órgano de consulta de los poderes públicos, cuya función será producir informes y dictámenes no vinculantes para la elaboración de políticas de Estado. Tendrá autonomía funcional y estará integrado por representantes de la producción, el trabajo, el ambientalismo, la educación, las profesiones, la ciencia y la tecnología en los términos en que la ley lo establezca. Sus miembros serán elegidos por las entidades representativas de cada sector". "Forman parte del Consejo para el asesoramiento y la elaboración de las políticas específicas, los departamentos de familia, salud y cultura, como asimismo otros que se estimen necesarios. Son integrados por representantes de las entidades vinculadas a la materia, con participación regional y propendiendo a la descentralización". Otros temas En la sesión se declaró de interés legislativo “el “Día del Docente Universitario”, que se conmemora el próximo 15 de Mayo. Los legisladores lo hicieron en un contexto en el que la docencia universitaria está llevando en todo el país un fuerte reclamo por salarios y presupuesto. Por otra parte, ingresaron como ‘comunicaciones’ notas de los concejos deliberantes de San José y Villa Elisa que expresan preocupación por “el impacto negativo” que producirá la quita de los subsidios a la energía eléctrica y al gas natural y demandan que se hagan solicitudes al Estado Nacional para que se ponga en vigencia una tarifa diferenciada en Entre Ríos. Diputados: Enfermería, Consejo de la Magistratura y Firma Digital También sesionó este martes la Cámara de Diputados de la Provincia. En el turno de los homenajes se mencionó a Gisela López, la adolescente desaparecida desde hace 20 días que fue hallada muerta este martes en Santa Elena, tras lo cual, desde las gradas, exigieron la sanción de la Emergencia de Género. Ingresó un proyecto que dispone la reformulación de la Ley de Enfermería, que fue girado a la Comisión de Salud. La iniciativa tuvo como disparador que “los enfermeros tengan una perspectiva de desarrollo en los hospitales y centros de salud de la provincia”, como había dicho días atrás la secretaria Gremial de UPCN, y “regularizar la tarea de los enfermeros” para otorgarles “estructura y derechos”, como dijo el diputado José Allende, titular del sindicato que impulsó la iniciativa y que hizo presente una delegación en el recinto. Consejo de la Magistratura Se aprobó sobre tablas la derogación del artículo 27 de la Ley Nº 9.996 del Consejo de la Magistratura, que establecía que “quien sea designado en el cargo no podrá presentarse nuevamente a un concurso, hasta tanto transcurran tres años de asumido del mismo”. Los diputados de Cambiemos acompañaron la iniciativa, mientras que José Allende (FpV) solicitó abstenerse ya que “si un aspirante pretende un cargo y se prepara para ello, no puede ser que al tiempo aspire a otro”. También los diputados dieron sanción definitiva a un proyecto que adhiere a la instrumentación y operatividad en todos sus términos de la ley de Firma Digital, que propende “a la progresiva despapelización”. Para su implementación se establece “un plazo máximo de cinco años” y se dispone que se aplicará a todos los expedientes de todas las áreas y entidades del Estado provincial. Otros proyectos aprobados fueron la autorización al Poder Ejecutivo a adquirir un inmueble en la ciudad de Paraná con destino al funcionamiento de las oficinas del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro); la “inhabilitación y por ende el cese de actividades y/u otras medidas necesarias” sobre la empresa Soluciones Ambientales ubicada en Carbón, departamento Gualeguaychú. Desde las gradas, organizaciones antifracking insistieron con que se apruebe la ley Antifraking, que quedó trabada en la Comisión de Tierras. (APF Digital)