E
l ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich respaldó un fallo que dispuso anular la vigencia de dos artículos de la Ley de Educación Superior (LES) que avalaban el ingreso irrestricto a las universidades, a partir del proyecto presentada en 2015 por la diputada nacional kirchnerista Adriana Puiggrós. El funcionario se refirió a la resolución dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials, que hizo lugar a un recurso de amparo de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) contra el Estado nacional. El magistrado declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la ley 27.204 que disponen el acceso libre e irrestricto. "Fue una propuesta demagógica. El ingreso irrestricto va a ser cuando todos los argentinos que quieran ir a la universidad puedan ir, y hoy la verdad hay muchos que, por la mala calidad del sistema educativo, no pueden hacerlo", consideró Bullrich. La iniciativa de Puiggrós modifica la LES y fue sancionada por el Congreso en octubre del año pasado. El rector de la UNLaM, Daniel Martínez, también definió que la ley que garantizaba el ingreso irrestricto a la institución era "pura demagogia", ya que "la ley tenía varias falencias, entre ellas, garantizar el ingreso a la universidad a todo aquel que hubiera terminado el secundario, pero sin asegurar aulas, docentes ni presupuesto". Para Martínez, "el acceso, la permanencia y el egreso son cuestiones que tiene que regular cada unidad académica, por lo cual una ley no puede fijar qué debemos hacer, teniendo en cuenta que las universidades somos muy heterogéneas". La norma frenada en la Justicia establece, entre otras cuestiones, la responsabilidad indelegable del Estado en relación a la educación superior, la gratuidad de los estudios y la prohibición de fijar cualquier tipo de gravamen en las universidades públicas. El principal cambio es la inclusión en la LES del artículo 2 bis, que establece la "prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa" sobre las carreras de grado en las universidades públicas, o la restricción vía "exámenes eliminatorios" u "otros mecanismos de exclusión". Ante la posibilidad de que se judicializara el tema -tal como ocurrió con la presentación de la UNLaM-, a fines del año pasado los rectores reclamaron al nuevo gobierno de Mauricio Macri la reglamentación de la norma.