D

e la redacción de INFORME DIGITAL El Poder Judicial de Entre Ríos quedó bajo la mirada pública tras el escándalo de las ventas de armas resguardadas en la Sección Depósito de Efectos Secuestrados del edificio de Tribunales de Paraná. El lugar donde se almacena todo lo que llega de la provincia está ubicado en el subsuelo, al lado de la playa de estacionamiento. La pregunta que surge entre especialistas y abogados del fuero penal es cuántos fondos destinó en los últimos años el Superior Tribunal de Justicia para cuidar las arma del establecimiento. En los informes públicos del Poder Judicial se observan millonarios gastos en obras de infraestructura y elementos para el funcionamiento cotidiano de las oficinas. El caso expone las prioridades en materia de seguridad en la gestión de Claudia Mizawak, presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Lo llamativo es que en los registros aparecen pocas compras para la seguridad. La Oficina de Compras y Asesoramientos del STJ, en un documento realizado durante el ejercicio 2014, informó sobre una variedad de adquisiciones realizadas previas licitaciones públicas. INFORME DIGITAL observó que entre los gastos se encuentran la compra de vehículos por $900.500,00 y la contratación de un Sistema de Seguridad a la empresa Incop SRL por 466.983,50. Ese es el único gasto en el ítem "seguridad", aunque no se detalla qué elementos se compraron. Esa información se encuentra en el siguiente documento en el que se detallan los cuantiosos gastos en infraestructura edilicia, entre otros. "No era una de las prioridades" Para el abogado Miguel Ángel Cullen el depósito de las armas no contaba con las medidas de seguridad adecuadas. El letrado representa legalmente a Fabricio Santapaola, encargado del lugar y quien quedó en tela de juicio porque habría omitido deberes básicos en el control del área. “Lo que observamos cuando recorrimos los lugares destinados por el Superior Tribunal de Justicia para el depósito de efectos secuestrados es que hay una deficiencia muy importante de lo que es la infraestructura para lograr la seguridad de esos elementos”, dijo Cullen en diálogo con INFORME DIGITAL. Luego señaló que le llamó la atención la falta de cámaras y seguridad en los accesos. Mencionó que incluso hay puertas que pueden ser abiertas con facilidad. “Se modificaron muchísimas cosas edilicias en el Palacio de Tribunales y, al menos hasta ahora, ha sido como una gran olvidado este sector. Y es nada menos donde están las armas de toda la provincia”, advirtió el letrado. “Pensé que era una cuestión que debiera estar mucho más preservada, pero me parece a mí que no era una de las prioridades. Es llamativo que a los diez días que pasó esto se colocó un detector de metales en la puerta. Es decir: no había una ausencia de presupuesto sino una falta de previsión. Si lo tuviste en diez días lo tenías antes”, reflexionó el abogado. Resumen del caso El caso, como relataron varios cronistas policiales de la ciudad, comenzó en noviembre de 2015 de forma fortuita: la comisaría cuarta secuestró un arma en poder de un hombre con un frondoso prontuario y la envió a la Dirección de Criminalística que terminó concluyendo que el arma ya había sido decomisada en otro momento y que debería de estar resguardada en el depósito de Tribunales. El hecho llamó la atención a los investigadores que comenzaron a indagar cómo el arma volvió al circuito ilegal. La investigación quedó en manos del fiscal Ignacio Aramberry, quien rápidamente puso en la mira a los encargados del depósito de armas de Tribunales: las primeras averiguaciones arrojaron que la venta de armas comenzaron hace por lo menos cinco años. Un grupo de agentes de Robos y Hurtos y de Scopometría junto a delegados judiciales en el Depósito realizan el conteo de la cantidad de armas en el lugar. Aún la cantidad y valor de las armas comercializadas no han sido calculadas. En los primeros días de mayo, tras una serie de allanamientos, fueron detenidos siete involucrados. El octavo apresado fue el director de la Oficina Pericial, el perito balístico Antonio Vitali. La fiscalía sospecha que era el jefe de la comercialización de las armas. En la causa también aparecen involucrados otros agentes judiciales, como Mauro Maximiliano Bertoni y Fabricio Luciano Santapaola. A todos se les inició un Sumario Administrativo.