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l Gobierno dio a conocer públicamente un informe titulado “El estado sobre el Estado” sobre la Administración Pública Nacional, que se irá actualizando en los próximos meses, y cuyo objetivo central es el de “identificar los desafíos pendientes” a partir de los datos oficiales recolectados por la nueva gestión. El informe cuenta con 223 páginas y cumple, según expresa el texto, con la publicación de "todos los datos, área por área" sobre el estado de la Administración Pública Nacional en diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner dejó el poder. El texto da cuenta de numerosas irregularidades ya expresadas en diferentes momentos, pero con detalles y precisiones. "Este informe es la primera versión de ese compromiso. Se trata de una obra en marcha, todavía incompleta, que se irá enriqueciendo a lo largo del año con los informes de las auditorías, las investigaciones de la Oficina Anticorrupción y los nuevos documentos que sigan encontrando los ministerios y los organismos descentralizados", indica el texto, que contiene las palabras que presidente Mauricio Macri pronunció en la apertura del 134º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Subraya, en tanto, que "la intención de este informe no es condenar a un gobierno en particular sino hacer un diagnóstico del Estado Nacional en diciembre de 2015 e identificar los desafíos pendientes, que a veces coinciden con errores o excesos de la administración inmediatamente anterior". Detalles del informe De la observación del contenido surge por ejemplo que en la última década los argentinos pagaron 694 mil millones de dólares en impuestos, pero en diciembre de 2015 el nuevo Gobierno encontró centenares de deudas con proveedores y contratistas, obras frenadas por falta de pago, el 40% de las rutas del país en estado crítico, subsidios direccionados, innumerable cantidad de contratados que cobraban sin cumplir tareas y desvíos irregulares de fondos. Entre otros casos se detalla que los organismos de auditoría descubrieron contrataciones y pagos para la construcción de viviendas que nunca se realizaron y por otras que sí se construyeron pero en zonas sin servicios básicos, por lo que no eran habitables. El capítulo dedicado al Pami gira en torno a la situación financiera, la falta de controles y las distintas irregularidades que la justicia federal está investigando actualmente: sobreprecios, desvío de fondos y el estado de abandono de las oficinas del organismo en todo el país. Se acusa a las autoridades anteriores por el desvío de fondos del organismo a través de distintas maniobras como la emisión de recetas a nombre de afiliados fallecidos: "El padrón tenía 400 mil personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud. A nombre de 7 mil de ellas se compraban remedios que luego se vendían en el mercado negro", consigna. Sobre la situación financiera, resaltan que "en diciembre de 2015, el Pami acumulaba una deuda de 5.500 millones de pesos y perdía unos 250 millones por mes" y que "una de las principales irregularidades correspondía al manejo de medicamentos, que le costaban al PAMI el equivalente a la construcción de un hospital por año". En ENARSA, la empresa pública fundada en 2004 y dedicada a la generación y comercialización de energía, se encontró "una llamativa serie de irregularidades" en su funcionamiento debido a su "descoordinación a nivel directivo" entre el Ministerio de Economía y el Ministerio y por los elevados costos en sus proyectos, por encima de los valores de mercado. También se hace foco en la falta de controles en una empresa que "manejaba miles de millones de dólares" y al acuerdo por la importación de gas con Bolivia, con quien el país mantenía una deuda por 377 millones de dólares. Entre las irregularidades, acusan que "la construcción del Gasoducto del Noreste se planificó sin ningún estudio de factibilidad que evaluara los beneficios del proyecto. Además, los costos aprobados para su construcción estaban fuera de los valores de mercado". Según el informe, en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también se encontraron "varios problemas" como el "notable atraso" en los pagos correspondientes al ejercicio 2015, que representaba el 40 por ciento del presupuesto del organismo y generó "problemas financieros graves para varias instituciones que dependen de la Comisión, como el INVAP, que estaba atrasado en el pago de salarios y aguinaldos". El caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, según se acusa, es "un ejemplo paradigmático de mala administración" de la última década: "La mina debió estar lista en 2010 para producir dos millones de toneladas de carbón por año. En 2015, sin embargo, sólo produjo 48 mil toneladas". Respecto de Fabricaciones Militares, el informe señala que "en diciembre de 2015, aunque sólo poseía cinco fábricas, tenía en su sede central 600 empleados. Sólo en el área de Prensa y Comunicación había 50 personas". "El estado del Estado", en el apartado sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, explica que "históricamente la Cancillería había estado protegida de la política y la militancia, gracias a las reglas propias del servicio exterior, donde los diplomáticos podían ocupar cargos sin tener que ser militantes políticos del oficialismo de turno". "Había un equilibrio entre funcionarios de carrera y funcionarios políticos. En los últimos años, sin embargo, a medida que proliferaron los cargos políticos por la administración del ministerio, esa protección se vio vulnerada por el avance de la militancia por sobre los funcionarios de carrera", recalca el informe. Sobre los medios públicos, "en diciembre de 2015, existía en el Estado Nacional una suma de diferentes estructuras, empresas del Estado, programas, planes, centros, unidades ejecutoras y proyectos específicos, dependientes de distintos ministerios, con fuentes presupuestarias y marcos legales diferentes, que se había convertido en una maquinaria mediática y cultural al servicio de la propaganda política". "La Jefatura de Gabinete gastó más de 2.200 millones de pesos en publicidad oficial, más del doble de lo aprobado por el Congreso", añade, según consigna Télam. En lo que respecta al Centro Cultural Kirchner (CCK) se afirma que "abrió sus puertas en mayo de 2015 de forma prematura, ya que el edificio no había sido habilitado. El edificio estaba en diciembre de 2015 en situación 'de obra', con entrega parcial, con un funcionamiento excepcional y condicionado en materia de seguridad". "La gestión anterior destinaba anualmente entre 120 millones y 200 millones de pesos a producir contenidos audiovisuales, al 100%, en calidad de subsidios que no resultaron en la generación de una industria audiovisual sino en la dependencia de las casas productoras de los recursos estatales", evalúa el informe del oficialismo. "Las casas productoras no contaban con el tiempo necesario para comercializar las producciones en el exterior y de esta manera potenciar la industria nacional en el mercado internacional. No se generaron ni se instrumentaron variables para medir el impacto de la inversión en el sector, con la consecuencia de no poder generar una política clara de desarrollo para el sector", critica el informe de estado.