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a Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por la firma Bioder SA y dispuso ordenar a la Cooperativa Eléctrica Quebracho Limitada que no le interrumpa el suministro eléctrico a esa firma, mientras tramita un recurso de amparo que busca frenar el último aumento de la tarifa eléctrica. Bioder SA posee un establecimiento de producción intensiva de carne porcina de 500 madres, que demandó una inversión de unos 5 mil dólares por cerda madre, ubicado sobre la ruta nacional N° 18, a la altura del Km. 32. Se trata de una empresa que se dedica principalmente a la crianza de ganado porcino en cabañas. El primer aumento dispuesto en enero último fue del 82% y el segundo, en febrero, del 27,82%, lo cual da un acumulado del 132,99%. En su presentación judicial, que recayó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, reprochó dos aspectos de la medida: la “desproporción e irrazonabilidad de los aumentos”; y el hecho de que las subas hayan sido autorizadas por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) sin haber convocado a audiencia pública, como establece la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico que rige en Entre Ríos. Por ahora no paga El camarista Marcelo Baridón hizo lugar a la medida cautelar presentada por el empresario Alejandro Di Palma, apoderado de Bioder. La empresa pidió tres medidas: la doble suspensión de los efectos de las resoluciones del EPRE y en su consecuencia del cuadro tarifario contemplado por ambas normas y la reliquidación de sus consumos a los valores vigentes a diciembre de 2015, publicó El Diario. Baridón también ordenó a Quebracho Limitada “suspenda un eventual corte del suministro eléctrico a la amparista por falta de pago, hasta tanto se resuelva en definitiva el presente amparo”. Contra la ley En su presentación judicial, Bioder señala que recibe el suministro de energía eléctrica de la Cooperativa de Servicios Públicos Quebracho Limitada, “distribuidor cooperativo que monopoliza la distribución eléctrica en el ámbito jurisdiccional de la empresa, sometiendo por lo tanto a Bioder S.A. como usuario cautivo" (esto significa que no puede elegir otro proveedor de electricidad con menores precios e igualdad en la calidad del servicio eléctrico proveído). Al fundamentar su reclamo, contrario al aumento de la tarifa eléctrica –que la Justicia todavía no resolvió--, la firma reprocha al Ente Regulador que no siguió los caminos que establece la ley, convocar a audiencia pública, sino que dispuso la medida de oficio, a través de una resolución firmada por el interventor del organismo, Marcos Rodríguez Allende. En la presentación se señala: “estas obligaciones fueron violadas en perjuicio de los usuarios de la provincia de Entre Ríos, entre los cuales se encuentra Bioder SA”. Si bien "hubo audiencia pública en el año 2014 que aprobó un aumento del cuadro tarifario, ese aumento fue en consideración a la ecuación costo-tarifa resultante para el usuario en ese año", se advierte. Los aumentos aplicados, dice la firma, entre enero y febrero de 2016, supuso un incremento de la tarifa superior al 100%, “lo que obligaba, independientemente de si provenía o no de un pedido de Enersa, a convocar previamente a una audiencia pública para someter la situación ante los usuarios, dado que serían ellos los principales interesados y damnificados".