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ras la renuncia a la presidencia del Tribunal de Cuentas de Guillermo Smaldone, el presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Sergio Kneeteman, consideró que “es una oportunidad para regularizar el organismo de control y adaptar su funcionamiento y su conformación a lo establecido por la Constitución provincial reformada en el 2008”. Con respecto a los posibles motivos que llevaron a Smaldone a tomar la decisión de presentar su renuncia, Kneeteman lo adjudicó a que "el ex convencional Juan Carlos Arralde presentó hace más de un año un recurso judicial ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando que dictamine la insconstitucionalidad de la designación de Smaldone. Creo que el Superior no tenía otro camino que fallar en ese sentido". Además, encuentra otro motivo para la declinación del ahora ex funcionario en que "seguramente la presión que ejercieron esta semana las presentaciones de los dos proyectos de ley para reglamentar el Tribunal de Cuentas iba a acelerar el fallo. Pienso que la decisión de renunciar fue la elección del mal menor", analizó. Guillermo Smaldone es hijo del vocal del STJ Juan Ramón Smaldone, quien se excusó de entender en el litigio impulsado por el ex senador Juan Carlos Arralde para revocar la designación del joven al frente del organismo, al igual que el vocal Germán Carlomagno, que tiene entre sus colaboradores a la nuera de Smaldone. En la Cámara de Diputados hay dos proyectos de ley para regularizar el Tribunal de Cuentas. Uno lo presentaron Sergio Urribarri y Juan José Bahillo, del FpV, y ratifica a Smaldone en el cargo que ahora decidió abandonar. El otro es del propio Kneeteman, que establece que la presidencia del Tribunal se asume luego de un concurso. "Si trabajamos rápido podemos crear el instrumento para que el próximo presidente sea electo por concurso”, dijo el diputado radical. “Uno de nuestros principales compromisos con el electorado entrerriano fue presentar leyes para reglamentar y poner en funcionamiento los organismos de control establecidos en nuestra Constitución reformada en el 2008, algo que para el justicialismo gobernante nunca fue una prioridad”, subrayó por último el legislador.