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l juez Ariel Lijo determinó que en la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007 hubo lavado de dinero. A través de una resolución que se difundió este jueves, el magistrado procesó a ex funcionarios kirchneristas como Héctor Capaccioli, quien fuera titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). También apuntó contra varios empresarios farmacéuticos. Los ex funcionarios y los empresarios habrían participado de un entramado de operaciones que permitió lavar casi un millón de pesos que provenía de estafas con medicamentos. La medida de Lijo alcanza también a Sebastián Gramajo (ex gerente de la Anses y ex legislador porteño), Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone (viuda de Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen), según la medida difundida por el Centro de Información Judicial. Según su resolución, Lijo entendió que en los aportes efectuados por las empresas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp para la campaña del Frente para la Victoria (FPV) se pusieron en circulación 886.000 pesos de origen ilegal. Las droguerías, determinó el juez, entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio el recibo por parte de éstos y, en la fecha de cobro, las libranzas eran cubiertas con depósitos de dinero en efectivo. Lijo verificó que las droguerías no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los aportes que registraron. Según el juez, los encargados de poner en circulación los fondos fueron Capaccioli y Lorenzo, uno de los empresarios y nexo con las demás firmas del sector. Gramajo, por su parte, era el encargado de recibir los cheques. La droguería Multipharma, de Lorenzo y Torres, aportó a la campaña que llevó el slogan "Cristina, Cobos y vos" 376.000 pesos; Global Pharmacy, de Brito, 310.000 pesos, y Seacamp, que era de Forza, sumó 200.000 pesos. En su resolución de 150 páginas, el juez dispuso embargos a todos los involucrados hasta cubrir la suma de tres millones de pesos. Ninguno de los imputados irá, por ahora, a la cárcel, pues el juez dispuso que los procesamientos, por el delito de "lavado de activos de origen delictivo", sean sin prisión preventiva.