Miércoles 29 de junio de 2016
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Política
Casanello ordenó a Alonso que investigue si Macri mintió
El juez que investiga al presidente de la Nación por su participación en empresas offshore pidió un análisis de su patrimonio. La Oficina Anticorrupción que encabeza la macrista Laura Alonso será una de las áreas a cargo del peritaje.
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La Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso hará el trabajo.

E

l juez federal Sebastián Casanello, que investiga al presidente Mauricio Macri en la causa por las revelaciones de los Panamá Papers, ordenó que se hiciera un análisis comparativo sobre las declaraciones juradas que presentó el mandatario entre 2013 y 2015, ya que tienen diferencias. El trabajo queda a cargo de la Oficina Anticorrupción de la Nación y la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño. El denunciante en esta causa, el diputado del Frente para la Victoria Norman Martínez, sostuvo que las declaraciones de Macri tienen contradicciones en su contenido tanto en materia de bienes como de sus valuaciones. El objetivo central del análisis ordenado es ver si existieron "contradicciones" y si tienen justificación en razones burocráticas, como alegó Macri, o no. La medida había sido propuesta por el fiscal del caso, Federico Delgado, que dijo que debía determinarse si las diferencias en las declaraciones se debieron a "la dificultad de articular los formularios exigidos por el gobierno local con aquellos del federal", como había señalado el Presidente ante la Oficina Anticorrupción. Esto es en referencia a que en 2013 Macri era jefe de gobierno porteño y sus declaraciones estaban regidas por las normas locales, con formularios diferentes a los previstos a nivel nacional por la Oficina Anticorrupción, organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. El trabajo que ordenó ahora Casanello fue encomendado, en forma "conjunta", a las "áreas pertinentes" de la Oficina Anticorrupción -a cargo de la dirigente y ex legisladora del PRO Laura Alonso-, por un lado, y de la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño, por el otro, precisó La Nación. De acuerdo con la orden del juez, ambos organismos deberán designar personal idóneo en materia de declaraciones juradas para que hagan, en el plazo de diez días, una comparación de la estructura de los formularios de las declaraciones juradas de cada organismo y elaboren un "informe conjunto" detallando las diferencias en la información requerida por cada régimen. Además, les pidió un "análisis comparativo" de las declaraciones presentadas por Macri entre 2013 y 2015, que deberá establecer si hubo contradicciones; en su caso, cuáles fueron sus "posibles causas" y si estuvieron vinculadas con la dificultad de "articular" unos y otros formularios. También, si alguno de los organismos le pidió aclaraciones a Macri de lo que surgía de sus presentaciones.
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