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raíz de la acefalía en la que se encuentra el Tribunal de Cuentas de la provincia tras la renuncia de su ex presidente Guillermo Smaldone, la diputada del Frente para la Victoria Rosario Romero presentó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo a designar un nuevo titular provisorio por seis meses. Desde el bloque de Cambiemos reaccionaron y rechazaron la iniciativa: “no vamos a avalar que nuevamente el Ejecutivo designe el presidente del Tribunal de Cuentas”, dijo el jefe de la bancada Sergio Kneeteman. El proyecto de Romero El texto, en su artículo primero, establece que el elegido será “de manera provisoria y por el plazo improrrogable de seis meses”. Esta fue la manera que encontró la bancada del FpV para saldar un vacío legal luego de que se conociera que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se autoexcluyó de cubrir la vacante de la presidencia del organismo de control. Los jueces entendieron que el artículo 18 de la ley orgánica (5.796) del Tribunal, que prevé un sistema de subrogancia, es inconstitucional. Todo saltó a la luz cuando Guillermo Smaldone dio un paso al costado hace tres semanas, envuelto en la polémica por el debate respecto de la inconstitucionalidad de su designación sin concurso. El proyecto presentado por Romero pide al Ejecutivo que “en forma inmediata” convoque a concurso público, abierto, de antecedentes y oposición para cubrir la vacante, “y se llame a un Jurado de Concurso conforme los criterios rectores establecidos en el artículo 217 de la Constitución provincial”, publicó El Diario. Ese artículo dice que el jurado tendrá un representante del Ejecutivo y “participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública, con personería jurídica y domicilio en la Provincia y de las entidades representativas de las profesiones exigidas”. A su vez, el Ejecutivo deberá reglamentar la ley “en un plazo no mayor de 15 días corridos a partir de su promulgación, estableciéndose el jurado y el reglamento del concurso a desarrollarse”. Cambiemos, contra el proyecto La iniciativa despertó el encono de Cambiemos. “No vamos a avalar que nuevamente sea el Poder Ejecutivo, sin participación de la oposición, el que designe, aunque sea transitoriamente y esta vez por una ley, el presidente del máximo órgano extra poder de control”, señaló el titular del bloque de diputados Kneeteman. “Compartimos que no puede estar acéfalo el organismo hasta tanto se apruebe e instrumente la ley de concursos”, admitió el legislador, “pero debemos encontrar un método para designar ese presidente provisorio que no sea una decisión exclusiva del Ejecutivo”, refutó. El diputado radical consideró “inconcebible” que luego de 8 años desde que la provincia tiene una nueva Carta Magna “aún no se haya conformado el Tribunal de Cuentas de acuerdo a lo que establece la Constitución, aunque entendemos que esta vez hay decisión de avanzar en ese sentido”. Por último, recordó que “en la Legislatura hay dos proyectos de ley de Tribunal de Cuentas, uno de mi autoría y otro del oficialismo, para normalizar el organismo. También, he presentado otra iniciativa que establece un sistema de jurado de concurso para la selección de los funcionarios de los organismos de control”, concluyó. La causa La causa Smaldone sigue su historia en el ámbito judicial. El ex senador de la UCR Juan Carlos Arralde, quien interpuso una irresuelta acción de inconstitucionalidad ante el nombramiento de Smaldone hace más de dos años, presentó este lunes una nota en la que pretende recusar en la causa a la presidente del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak. Del máximo tribunal, es la única que no ha emitido su voto. La presentación llega luego de otra petición en la que el ex legislador solicitó que se dicte sentencia y, así, evitar que el caso quede abstracto. En rigor, Larralde persigue una definición jurídica sobre la constitucionalidad o no del nombramiento. El STJ no falló y, al dar un paso al costado el cuestionado, quedó la posibilidad de la causa quede abstracta. El abogado y ex convencional constituyente fundamentó su pedido de recusación en la “parcialidad” y el “retardo” en dictar sentencia de Mizawak. Ocurre que en casos como éstos el presidente del STJ es el último voto por expreso mandato de la ley.