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a presidente del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak está cerca de no votar en el caso del planteo de inconstitucionalidad de la designación de Guillermo Smaldone, el ahora ex presidente del Tribunal de Cuentas, impulsado por el ex senador provincial Juan Carlos Arralde. El voto de la titular del Tribunal quedó en suspenso tras la recusación que interpuso Arralde hace una semana por entender que se le estaba denegando justicia. Lo que el ex senador exige es que, pese a la renuncia de Smaldone -que puso a la causa en riesgo de caer por abstracta-, el STJ dicte sentencia de todas formas para saber si su planteo de inconstitucionalidad tuvo razón o no. El expediente lleva más de dos años y aún no se dictó sentencia. De los nueve vocales, cinco habrían votado por la inconstitucionalidad del procedimiento por el cual fue investido en el organismo de control. Falta el último voto, que no cambia el escenario, pero no llega. Según Página Judicial, el subrogante de Mizawak para tratar su recusación fue, en primer término, el camarista laboral Emilio Matorras. Pero resulta que éste se excusó con el argumento de que su hermano, Rubén Matorras, fue senador en la gestión anterior y no reglamentó la ley del Tribunal de Cuentas, lo que ocasionó la desidia legal. Hubo que buscar otro subrogante y el elegido, según el procedimiento, recayó en el camarista Guillermo Bonabotta. Se trata de un magistrado de bajo perfil que no pertenece a la corporación judicial. Ingresó a los tribunales fruto de un concurso en el Consejo de la Magistratura. Como abogado ocupó las primeras páginas de los medios cuando defendió al ex funcionario bustista, Oscar Horacio Mori, en la causa de la Fundación Aciser, en la que fue condenado por el desvío de fondos para la campaña del Partido Justicialista de 1997. El STJ, con los nueve integrantes, deberá resolver la recusación de Mizawak. El jueves comienza la Feria Judicial, lo que implica 15 días inhábiles excepto para las urgencias. Pedido de fallo Lo que el radical Arralde pretende es que la Justicia diga si fue o no constitucional el procedimiento que denunció en los tribunales. También hay vocales interesados en sentar jurisprudencia sobre el tema y evitar conflictos similares ante el intento de otras designaciones sin la promulgación de leyes reglamentarias respecto de nuevos y viejos institutos con rango constitucional reformados en 2008. Si el caso se declare abstracto, como lo requirió el gobierno a través del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, Arralde continuará con su petición en otros ámbitos.