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ste jueves el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, resolvió clausurar la instrucción y elevar a juicio la causa contra los socios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), acusados de participar del robo de bebés durante la última dictadura cívico militar en la capital entrerriana. Se trata de los médicos Miguel Alberto Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi. El magistrado hizo lugar al pedido efectuado oportunamente por la fiscalía y por las querellas para la elevación a juicio y rechazó los planteos de oposición y de sobreseimiento que impulsaron los defensores. Envió entones el expediente y los efectos secuestrados al Tribunal Oral Federal de Paraná, que tendrá a su cargo los trámites preliminares para la citación a juicio oral y público. Torrealday, Vainstub y Rossi están procesados por su intervención el caso de los hijos mellizos de los militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Los bebés nacieron en el Hospital Militar de la capital entrerriana en marzo de 1978 y de allí fueron enviados al IPP. El 27 de marzo fueron dados de alta de esta institución y entregados a personas que no eran familiares ni personas autorizadas. Los padres, quienes se encontraban detenidos, fueron asesinados y desparecidos. La melliza mujer restituyó su identidad en diciembre de 2008, mientras que nada se sabe del paradero del mellizo varón, quien continúa viviendo bajo una identidad falsa. Por este caso ya hubo un juicio en 2011 en el cual se juzgó y condenó a los militares que ejecutaron el plan para el robo de los niños y la supresión de sus identidades; ahora será el turno de la colaboración de los médicos. Los tres profesionales están acusados de "Alteración o supresión del estado civil de dos menores de diez años, en concurso ideal con el delito de sustracción, retención y ocultamiento de dos niños menores de diez años". Según la resolución, la intervención de Torrealday fue en calidad de partícipe necesario y Vainstub y Rossi como partícipes secundarios. Al trío se le imputa haber participado en los hechos en su carácter de socios fundadores del Instituto Privado de Pediatría –además, Torrealday presuntamente con funciones de jefe de la Sección de Neonatología. Como tales habrían coordinado el ingreso de los mellizos a esa institución, provenientes del Hospital Militar, sin custodia legal y registrados con nombres falsos. Asimismo, habrían autorizado su permanencia en Neonatología y su posterior alta médica y egreso administrativo, entregándolos a personas extrañas a las legítimamente habilitadas para recibirlos. Además omitieron dar aviso al Juzgado de Menores de todas esas irregularidades. Se sostiene que estos aportes posibilitaron que la niña fuera llevada a Rosario, donde fue abandonada en un convento o casa de huérfanos, donde el 27 de marzo de 1978 –mismo día que fue dada alta del IPP– se la registró como "N.N. María Andrea" y se la puso a disposición de la justicia provincial. Finalmente fue entregada en adopción legalmente a la familia Gullino. En 2008 conoció su verdadera identidad. Todos estos hechos se ejecutaron en el marco del terrorismo de Estado y son crímenes de lesa humanidad. El paradero del mellizo varón, por el contrario, continúa siendo desconocido. "Un gran paso hacia la verdad" Desde la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) Regional Paraná consideraorn que la elevación a juicio de la causa es "un gran paso adelante, decisivo para la búsqueda de la verdad". Mediante un comunicado aseguraron: "Es también el resultado de largos años de militancia que hemos compartido con muchas organizaciones populares, abogados comprometidos, artistas, compañeros de distintos sectores, siguiendo el ejemplo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, siempre convencidos de que lo imposible sólo tarda un poco más". "Desde H.I.J.OS. valoramos esta instancia como un avance decisivo para la construcción de una sociedad con justicia verdadera, donde ningún estatus social sea garantía de impunidad, y donde rindan cuentas todos los que aportaron al terrorismo de Estado; militares y civiles; médicos y también jueces, religiosos, empresarios", remarcaron. Los miembros de la organización recordaron que el juez Ríos había dispuesto la falta de mérito de los tres médicos y que fue la Cámara Federal de Apelaciones la que resolvió sus procesamientos. En ese sentido, subrayaron: "Ratificamos que la militancia organizada es fundamental para frenar estas dilaciones, así como los negacionismos y las ansias por restablecer la teoría de los dos demonios y por volver atrás con las políticas de derechos humanos". (Diario UNO)