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os diputados nacionales Héctor Recalde, Teresa García y Carolina Gaillard solicitaron la habilitación de la feria judicial para tratar el expediente, así como un medida cautelar que solicita la suspensión de su aplicación y, si la información ya ha sido transferida, que se prohíba a Comunicación Pública utilizarla. De acuerdo a los legisladores, “la Resolución viola tanto el derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como la ley 25.326 de Protección de Datos Personales". La ley 25.326 establece que los datos “no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”. Los diputados sostuvieron que se habilita a que los datos suministrados por las personas a Anses pueden ser usados “por la secretaría de Comunicación Pública para otros fines, lo cual puede provocar que reciban llamados telefónicos a su domicilio personal o hasta su teléfono celular o reciban correos electrónicos a su cuenta personal por parte de un órgano del Estado que accedió a esta información sin ser suministrada por los individuos para este fin”. “Claramente, se altera la intimidad del ciudadano que no brindó esta información para ser molestado o importunado por el Estado”, indicaron a través de un comunicado. De acuerdo a los legisladores, esta práctica “remite a estrategias empresariales (propias de los CEOs que integran el gobierno) que a cambio de un ‘regalo’ obtienen los datos personales de los consumidores y los someten, posteriormente, a un permanente asedio por vía telefónica o por el envío de correos electrónicos”. Denuncia a Marcos Peña y Emilio Basavilbaso Por el mismo tema, los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade denunciaron penalmente al jefe de Gabinete Marcos Peña y al Director Ejecutivo de la ANSES Emilio Basavilbaso por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de secretos y de la privacidad. La denuncia alcanza también al Secretario de Comunicación Pública Jorge Greco y al Sub Director Ejecutivo de ANSES, Federico Braun. En la presentación los legisladores sostienen que “se trata en apariencia de un acuerdo sobre intercambio de información entre organismos del estado nacional”, pero advierten que de “la simple lectura del convenio una de las partes, la ANSES, no recibe ninguna contraprestación específica de la relación jurídica, ninguna ventaja funcional u operativa en términos de gestión”. Cabandié y Tailhade justificaron las sospechas de ilegalidad en que la Jefatura de Gabinete “no cuenta con los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para llevar adelante el tratamiento de este enorme banco de datos personales con la declarada finalidad de “mantener informada a la población””. En esa línea, sugieren que “los datos personales de todos los argentinos que ANSES remitirá periódicamente al Lic. Peña y su equipo terminará en las manos de empresas privadas”.