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a Defensoría del Pueblo de Paraná participó de la audiencia pública realizada este miércoles en Villaguay para revisar la tarifa eléctrica. Lo hizo en defensa de los usuarios y en consonancia con la convocatoria realizada por el Ente Provincial Regulador de la Energía (Epre) a través de la Resolución 70/16. La exposición estuvo a cargo del Defensor Luis Garay, y del Director General de la institución, Juan Patat, y consistió en una análisis de la situación considerando al servicio eléctrico un derecho humano. En ese sentido, se reflexionó sobre el rol del Estado -haciendo hincapié en que la empresa distribuidora Enersa es estatal- en relación a la necesidad de no perder de vista que hay una franja importante de la sociedad que no tiene capacidad económica para afrontar una suba más. En ese sentido, Garay recordó que en enero pasado empezó a regir un aumento del 19,8%, establecido en febrero de 2014 después de la realización de una audiencia pública y cuya aplicación fue suspendida en el marco de un acuerdo nacional al que adhirieron las distribuidoras. A esa suba -explicó el Defensor- se sumó otro porcentaje similar elevando el incremento definido por la provincia en alrededor de un 37%, en concepto de actualizaciones trimestrales desde 2014 a 2015, tiempo en que la suba se mantuvo en suspenso. El incremento –recordó- se añade al nacional, trepando actualmente a un promedio del 137%, con lo que si se agregara el 23% solicitado ahora por la distribuidora Enersa, treparía a casi el 160%. A su turno, Juan Patat apuntó que si bien se reconoce la importancia de la ejecución de obras con el fin de garantizar la calidad del servicio eléctrico en vista al crecimiento demográfico y económico provincial, según el argumento esgrimido por Enersa para fundar el pedido de aumento; no se puede desconocer la situación por la que atraviesa la mayoría de los usuarios, que son asalariados, empleados públicos y de comercio, jubilados y trabajadores en general. Seguidamente, Patat mencionó que de acuerdo a la información surgida de los balances de Enersa a la que accedió la Defensoría, los costos operativos de “la empresa están por encima de los ingresos”. Así las cosas, “nos preguntamos si el eventual aumento (del 23%) es para obras o para atender gastos operativos corrientes”. También, desde la Defensoría se expuso ante el Epre el hecho de que la empresa de energía Enersa adhirió a un plan de la Nación mediante el que recibió fondos en concepto de subsidios para atender obras con la condición de que no aumentaran las tarifas. Eso ocurrió en el período 2014-2015, cuando se mantenía en suspenso la aplicación del 19,8%. Por lo tanto, consideraron que "resulta incomprensible que este año se hayan aplicado subas cercanas al 20% en concepto de actualizaciones por ese tiempo". Por todo ello, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná expresó ante el Epre su negativa a una nueva suba de tarifa. Y pidió que de considerarse, por parte del Epre, indispensable un aumento, se comience a aplicar el año que viene y en forma gradual en el tiempo.