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os fiscales Pollicita y Mahiques investigan "la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública —Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz— se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos". A partir de ello, "se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos". Con el dictamen presentado este lunes, los fiscales le pidieron celeridad al juez Julián Ercolini. En el pedido de indagatoria de agosto pasado, según repasó Infobae, los fiscales habían estructurado la descripción de la maniobra en cuatro puntos: 1) "La inserción del amigo personal en el negocio de la construcción", es decir el repentino ingreso de Báez a la rama de la obra pública, al tiempo que Néstor Kirchner se encaminaba a la presidencia. 2) "La exportación de la estructura provincial a nivel nacional", o la transferencia del esquema que había sido utilizado en Santa Cruz para el manejo de obra pública nacional. 3) "La concentración económica de la obra pública" que explica cómo la provincia de Santa Cruz fue favorecida por obras viales y Báez se quedó con casi el 80 por ciento de ese total, por montos cercanos a los 16 mil millones de pesos. 4) "El direccionamiento de la adjudicación y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez", donde se detalló el sistema de precios altos pagados por la obra pública vial, los adelantos de pago, la no finalización de las obras y la cancelación total de la deuda horas antes del final del gobierno de Cristina Kirchner. En el pedido anterior, Pollicita y Mahiques habían solicitado la indagatoria de la ex presidenta, de Báez, de todos los ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz y los empresarios involucrados en el caso. Luego de aquel pedido de los fiscales, el juez Julián Ercolini, le solicitó a Pollicita y Mahiques una serie de medidas que debían producirse antes de una eventual citación a indagatoria.