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e la redacción de INFORME DIGITAL Un nuevo caso sacude por estos días la agenda pública política y judicial de Entre Ríos. Ha trascendido que el diputado provincial del PJ y jefe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN-Entre Ríos) José Allende podría llegar a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal mediante el cual, en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito, se reconocería culpable a cambio de que no se impute a sus familiares. El trascendido empujó al ex secretario de Justicia de la Provincia Rubén Virué a hacer una encendida crítica de la cabeza del MPF, Jorge Amílcar García, con quien mantiene una reyerta desde su renuncia en junio de 2015. Virué fue eyectado de su cargo, y por ende de la presidencia del Consejo de la Magistratura local, por haberle efectuado una pregunta incómoda a la pareja de García durante el concurso para cubrir las vocalías de la Cámara de Casación Penal – Sala Paraná. El ex secretario consultó a la postulante y pareja del Procurador, Marcela Badano, si su relación con el alto funcionario del Poder Judicial traería complicaciones en su desempeño. La concursante hizo notar su malestar y le contestó desde la perspectiva de género. Horas después, Virué era renunciado y abandonaba el Poder Judicial. Meses después, Badano juraba como vocal. El caso Allende parece darle una oportunidad al jurista oriundo de Larroque para despacharse con el Procurador García. En una carta enviada a El Entre Ríos, afirma que de concretarse semejante acuerdo, se perpetraría una "claudicación ética del Ministerio Público Fiscal y eventualmente del Poder Judicial, es decir del Estado, que exterioriza el siguiente mensaje: 'Roben tranquilos en la función pública, que después devuelven algo y viven placenteramente con el resto de lo robado'". El ex secretario de Justicia entre 2012 y 2015 apunta contra García y asegura que "cualquiera sea el funcionario del Ministerio Público Fiscal que suscriba el acuerdo, el mismo estaría enmarcado en los mentados parámetros de política criminal que fija el Dr. Jorge Amílcar García". Virué cierra su carta con una serie de preguntas cuya respuesta deja a criterio del lector. "¿Cuál es el interés subalterno en resolver en forma abreviada una investigación penal iniciada hace varios años? (...) ¿Cuántos bienes devuelve y con cuántos mal habidos se queda el imputado? (...) ¿Cómo escaparán a la sospecha de premios económicos cuando hay tanto dinero en juego y sólo se devuelve una ínfima parte de lo mal habido?". La carta completa Ha trascendido que el Diputado Provincial José Ángel Allende, que ejerce su quinto mandato consecutivo en la Legislatura y funge al mismo tiempo como autoridad máxima de UPCN en nuestra provincia, es decir que es el representante máximo de los trabajadores del Estado, tiene avanzado un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que reconocería su "enriquecimiento ilícito y los negocios incompatibles con la función pública, a cambio de que no se impute a ninguno de sus familiares directos." (Análisis Digital, 07/02/2017). El acuerdo implicaría para el imputado Allende "una pena de prisión condicional . . ., la renuncia a la banca en Diputados, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la expropiación de algunos de sus bienes millonarios . . ." Analizaremos a continuación los elementos que permiten afirmar que si esta información es correcta, estamos ante la primera manifestación concreta y expresa de una claudicación ética del Ministerio Público Fiscal y eventualmente del Poder Judicial, es decir del Estado, que exterioriza el siguiente mensaje: "roben tranquilos en la función pública, que después devuelven algo y viven placenteramente con el resto de lo robado". Como primer premisa, destaco que desconozco si el Diputado Allende ha sido autor de conductas tipificadas en el Código Penal como delitos contra la administración pública, que en buen romance no son otra cosa que beneficiarse personalmente con los dineros públicos, es decir con la plata del pueblo al que natural y legalmente los funcionarios deben defender. Pero si la información es correcta y se plasma en un acuerdo, ello implicaría que el Diputado Allende reconoce que en sus cinco mandatos como Legislador, es decir en los últimos diecisiete (17) años, se apropió de dineros públicos para adquirir bienes –muchos de ellos suntuarios- y transitar por este mundo como un próspero ciudadano. Y en esta hipótesis, es cuando tenemos que analizar la respuesta del Estado, cuya política criminal es atribución exclusiva de la Procuración General de la Provincia de Entre Ríos, que ejerce su titular en todo el territorio provincial mediante "parámetros de política criminal prefijados como instrucciones generales y específicas" (entre otras reiteradas declaraciones del Dr. Jorge Amílcar Luciano García, Diario UNO del 3 de abril de 2013). Esto significa que si se concreta el acuerdo, cualquiera sea el funcionario del Ministerio Público Fiscal que lo suscriba, el mismo estaría enmarcado en los mentados parámetros de política criminal que fija el Dr. García. Y aquí es donde aparece clara la pregunta: ¿es ésta la respuesta punitiva que la ciudadanía entrerriana exige del Estado en la represión de los delitos de corrupción? ¿Es ésta la respuesta que dan el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial para castigar a los funcionarios que burlándose de la sociedad y sobre todo de los sectores vulnerables que dicen defender, se apropian de los dineros público, es decir roban, para asegurarse el bienestar propio y de su descendencia? ¿Cuál es el interés subalterno en resolver en forma abreviada una investigación penal iniciada hace varios años? ¿Cuántos bienes devuelve y con cuántos mal habidos se queda el imputado? Quien suscriba el eventual acuerdo por el Ministerio Público Fiscal, sus superiores jerárquicos y quien o quienes lo aprueben por el Poder Judicial, ¿cómo escaparán a la sospecha de premios económicos cuando hay tanto dinero en juego y sólo se devuelve una ínfima parte de lo mal habido? ¿Cómo se acuerda impunidad al grupo familiar eventualmente partícipe, cuando el ejercicio de la acción penal no es disponible a este respecto? La conclusión es obvia: este acuerdo sólo resultará posible si el Estado, a través del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, claudican ética y legalmente.