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e la redacción de INFORME DIGITAL El caso del presunto uso indebido de viáticos del ex vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz que conmovió la escena política, legislativa y judicial de Entre Ríos puede no haber terminado con su renuncia y el cierre del juicio político en su contra. Es que el diputado justicialista Diego Lara presentó ante la Procuración General de la Provincia las pruebas colectadas durante el proceso de juicio. La presentación fue acompañada del pedido para que se investigue "la posible comisión de ilícitos perseguibles de oficio, que podrían encuadrarse como malversación de caudales públicos y/o peculado, punidos en los artículos 260 y 261 del Código Penal de la Nación". Era una de las posibilidades que el final abierto de la causa dejaba a criterio de quien recogiera el guante. Una vez que el Senado dio por terminado el proceso político se descontaba que Cambiemos no sería el espacio que impulsaría un proceso en el Poder Judicial de la provincia. Así lo expresó el ex jefe de su bloque de senadores Raimundo Kisser. Todo indicaba que si se insistía en el fuero ordinario la jugada provendría del PJ. Lo había confirmado el propio Lara a INFORME DIGITAL tras la última sesión del Senado por el juicio político. En la presentación hecha el jueves, a la que accedió UNO, se advierte que "la obligación de denunciar que pesa sobre los funcionarios públicos que tomamos conocimiento de posibles delitos de acción pública mientras ejercemos nuestras funciones, surge del artículo 235 del Código Procesal Penal de la Provincia". Lara alega a su vez que tiene "directo contacto con las probanzas de donde surgiría la posible comisión del delito" en que habría incurrido durante años Chiara Díaz. Para Lara, si no cumpliese con su obligación de denunciar "podría ser acusado del delito penal de Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público (...) específicamente del delito de Encubrimiento". El legislador oficialista resultó ser quien dio al Procurador Jorge Amilcar García la "notitia criminis, sugerir el encuadre típico del hecho y aportar pruebas para la instrucción de la causa". Ahora, el material probatorio recabado durante las investigaciones que derivaron en la acusación de los diputados contra Chiara Díaz y que "parece indicar la comisión de dichos delitos", indica la presentación, deberán "ser dilucidado por la actividad judicial". Los hechos concretos que se le imputan a Chiara Díaz incluyen haber solicitado licencia con goce de haberes alegando que era para una actividad oficial del STJ que permitía dicha licencia pero que no era realizada, lo mismo que viáticos, chofer y pasajes aéreos. También haber cobrado del STJ viáticos y gastos de traslado para una actividad oficial y el mismo día cobrar viáticos de traslado por el mismo viaje a la Universidad de Belgrano. Y así durante por lo menos 10 años, entre 2005 y 2015. Así como alguna vez haberse autoasignado viáticos y chofer actuando como presidente del Superior Tribunal de Feria, al que habría dejado desintegrado. La comisión acusadora de la Cámara de Diputados que colectó los elementos de pruebas y ofició de Fiscalía durante el juicio político en el que el Senado actuaba como Corte fue integrada, además de Lara, por Juan José Bahillo (PJ), Alejandra Viola, Jorge Monge (Cambiemos) y Ricardo Troncoso (Recuperación Radical). La decisión de iniciar una investigación de oficio que podría derivar en una causa contra Chiara Díaz en el fuero ordinario depende ahora del procurador García. Sería un nuevo escollo para la tranquilidad del juez, que ya superó los 72 años, optó por renunciar a su vocalía -ya fue reemplazado por Miguel Giorgio- y por estos tramita su jubilación en la Caja de retiro provincial.