E

n su alocución Garay enumeró las subas del gas aplicadas el año pasado en la luz -que a nivel provincial ya asciende a un 137 por ciento- en impuestos, tasas, alquileres y demás servicios y consideró que no se pueden autorizar más incrementos en servicios básicos sin considerar la situación económica de buena parte de la ciudadanía. Garay expuso en una Sala Mayo de Paraná prácticamente vacía, ya que era el único disertante de parte de Entre Ríos en la audiencia nacional del ministerio de Energía. El ministro Juan José Aranguren lo miraba y escuchaba por teleconferencia desde el Teatro de la Ribera de la Boca, en Capital Federal, sede de la audiencia central. Para justificar su planteo de frenar los incrmeentos, el Defensor mencionó, a modo de ejemplo, que el promedio del sueldo de empleados públicos en Paraná -como el de docentes y trabajadores municipales- ronda los 10 mil pesos, reseñó APF Digital. Una eventual nueva suba del gas volvería "más pesado, y en casos imposible", el pago de las boletas por parte de una franja de usuarios. Estimó que si se aplican los incrementos que componen la tarifa del gas (distribución, boca de pozo, transporte), la suba podría rondar entre el 70 y el 80 por ciento. Dirigiéndose a Aranguren, dijo: “no quiero legitimar estos aumentos con audiencias públicas formales, quiero que nos escuchen”. Y aclaró que las Defensorías del Pueblo son organismos del Estado no gubernamentales: “no somos opositores a un gobierno”.