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e la redacción de INFORME DIGITAL Se realiza este viernes en Paraná el Primer Congreso de Lucha contra el Narcotráfico y Precursores Químicos – Región Centro. El evento fue inaugurado con una conferencia de prensa que dieron la vicepresidente Gabriela Michetti, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y Santa Fe, Miguel Lifschitz, el ministro de Gobierno de Entre Ríos Mauro Urribarri y el intendente paranaense Sergio Varisco, entre otras autoridades nacionales y provinciales. Narcomenudeo: "que el Estado federal y el provincial trabajen en conjunto" La ministra habló allí de las polémicas leyes de “narcomenudeo” provinciales, que generan una disputa de competencias y jurisdicciones entre las provincias y la Nación. Más precisamente, con la Justicia Federal, ya que traspasa funciones de investigación de ésta última a las policías provinciales. En Entre Ríos la ley de Narcomenudeo rige desde 2014. “La mitad de la biblioteca dice que es bueno, la otra mitad que no. Todo narcomenudeo tiene un narcotraficante mayor”, opinó Bullrich sobre la medida al ser consultada por la prensa. “Lo más importante es que el Estado federal y el provincial trabajen en conjunto. Cuando se dividió taxativamente no fue bueno, porque muchas grandes investigaciones se cortaban en el kiosco y no llegábamos a la organización”, sentenció la funcionaria. La propuesta del gobierno nacional, según explicó, es que “si la provincia quiere desfederalizar lo hace, pero lo hacemos en conjunto, en un operativo común de fuerzas provinciales y federales, esa es la mejor respuesta”. Asimismo, anticipó que desde el Ejecutivo se enviará un proyecto de ley al Congreso según el cual “en la provincia que desfederaliza, cuando haya un juez federal que considera que tiene una razón de una causa mayor, pide a la Justicia provincial esa causa y trabajan en conjunto. Narcomenudeo y narcotráfico no son cosas distintas”, concluyó. La ley provincial 10.329 de Narcomenudeo otorgó competencia provincial para la investigación de los delitos “cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. La primera traba a la polémica ley apareció cuando el juez federal de Paraná, Leandro Ríos declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 3º, y 4º “en razón de que los mismos modifican la Ley Nacional Nº 26.052”, que tiene “mayor rango legal”. Días después, falló en la misma sintonía el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró. Baja: “la Argentina lo requiere” La vicepresidente, por su parte, ratificó la voluntad del gobierno nacional de reducir a 14 años la edad de encarcelamiento de un menor en condiciones de delito, y lo enmarcó en una reforma del régimen penal juvenil. “Es claro que la Argentina lo requiere: la baja de la edad de imputabilidad es uno de los temas que tenemos que discutir de ese régimen penal juvenil. Lo vamos a poner en tratamiento”, confirmó. “Lo que deberíamos hacer es no centrar la discusión sólo en la baja de la edad, sino en el conjunto de medidas que tenemos que tomar para que los chicos que están en delito puedan salir de ese lugar y podamos rápidamente volver a incluir en la sociedad”, aclaró. El gobernador Bordet, al dar comienzo a la conferencia, destacó que la lucha contra el narcotráfico “es una tarea que hemos emprendido en conjunto con el gobierno nacional, porque es una lucha de todos que tenemos que dar sin cuartel para quienes trafican con la salud de nuestros jóvenes. Aprovechamos esta oportunidad para redoblar el compromiso de seguir por este camino que nos ha dado excelentes resultados”, ponderó.