D

e la redacción de INFORME DIGITAL El diputado nacional entrerriano Julio Solanas presentó un proyecto que deroga un decreto “simple, manifestante inconstitucional”, según lo define su comunicado de prensa enviado a INFORME DIGITAL, dictado por el ex presidente Fernando De La Rúa y por Domingo Cavallo y que modificó la Ley de Ética Pública respecto de las funciones que pueden cumplir en el Estado nacional personas que vengan del ámbito privado. La propuesta busca derogar el artículo 2° del decreto 862/2001, mediante el cual se ampliaron las posibilidades de designación de personas que actúen en áreas del sector privado vinculadas directa o indirectamente con las actividades que deban desarrollar desde el sector público. De la Rúa y Cavallo consideraron que la letra de la ley generaba “restricciones para que las personas calificadas accedan a funciones destacadas en la Administración Pública Nacional”, lo cual perjudicaba “la competitividad de la economía”. Según el entrerriano, el decreto en cuestión permite que actualmente funcionarios en situación de conflicto de interés –entre sus obligaciones en el gobierno y las corporaciones de donde vienen- puedan continuar en función, “escudándose de las penalidades de la ley con su sola abstención en los asuntos de su interés y sobre los cuales conservan poder de decisión”. Solanas reconoce que “si bien el artículo 76 de la Constitución permite la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo en materias determinadas de administración o de emergencia pública”, eso “nunca podrá serlo en materia de control, atento la prohibición expresa contenida en la propia ley de delegación”. Según el proyecto del diputado kirchnerista, el artículo 15º de la ley de Ética Pública establecería que “las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, y de pleno derecho, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, cualquiera sea su rango, durante cinco años inmediatamente anteriores o posteriores, respectivamente. Será nula de nulidad absoluta toda decisión en los asuntos sometidos a su consideración y derivados de sus vínculos previos.” Otro de los aspectos importantes del proyecto es darle intervención a la Oficina Anticorrupción y que su informe sea vinculante. Los fundamentos apuntan a funcionarios del macrismo que estarían siendo beneficiados por el decreto delarruísta: Juan José Aranguren (CEO de Shell y accionista de Royal Dutch Shell PLC, actual ministro de Energía y Minería), Miguel Braun (secretario de Comercio); Luis Caputo (ministro de Finanzas), Mario Quintana y Gustavo Lopetegui (vicejefes de Gabinete), Alfonso Prat Gay (ya no es ministro de Economía y Hacienda), Hugo Aníbal Balboa (se desempeñó en Axion Energy y en Shell, actual presidente de Enarsa).