Jueves 13 de abril de 2017
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Política
Caso Micaela: el colegio de Abogados pide analizar la decisión del juez Rossi
El CAER emitió un comunicado en el que lamentó y condenó el femicidio de la joven uruguayense. Sin mencionar directamente al juez que liberó a Wagner en 2016, señalaron que esa decisión "merece ser materia de exhaustivo análisis".
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El CAER pide analizar la decisión del juez Rossi que le dio libertad a Wagner.

E

l Colegio de Abogados de Entre Ríos (Caer) se manifestó por el femicidio de Micaela García, la joven de 21 años hallada muerta el sábado pasado en un campo de Gualeguay. "La institución condena el hecho y acompaña el dolor de los padres, familiares y amigos de Micaela. Además hace saber la imperiosa la necesidad de investigue en profundidad para que se haga justicia ante tan aberrante hecho", expresó la entidad, que además pidió analizar la decisión judicial que "otorgó la libertad condicional a Sebastián Wagner", principal acusado del femicidio. Wagner fue liberado hace una año por el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, a pesar de los informes que se lo desaconsejaban. Ahora, sobre el juez Rossi siguen cayendo pedido de enjuiciamiento por mal desempeño en sus funciones. A pesar de eso, el CAE eludió mencionar directamente al magistrado cuestionado. "La situación excede el plano jurídico y judicial. No podemos desconocer que nos encontramos ante un problema más profundo, de raíz cultural, de nuestra propia idiosincrasia como sociedad, que coloca a unos por sobre otros en la esfera de poder, los hombres por sobre las mujeres, y eso habrá que enfrentarlo interdisciplinaria y mancomunadamente, el Estado y las Instituciones Intermedias, donde éste Colegio de Abogados tiene mucho para aportar", dice el comunicado enviado a INFORME DIGITAL. En cuanto a Wagner, el CAER hizo referencia a la libertad condicional que se le otorgó en 2016: "merece el acto judicial, que otorgó la libertad condicional a Sebastián Wagner, ser materia de exhaustivo análisis por parte de los organismos determinados por la Constitución Provincial". En ese sentido, manifestaron que "el Estado, tanto el nacional como el provincial y en sus tres funciones, tiene que tomar intervención profundizando políticas públicas contra la violencia de género en todos los ámbitos sociales posibles y coordinar sus recursos, muchas veces dispersos. Además se hace indispensable tomar conciencia de la especialidad de los delitos sexuales y de sus autores, estableciendo un tratamiento de reinserción social diferente al de la generalidad". "El Estado debe dar respuesta ante las víctimas de violencia de género y delitos sexuales, acompañando a las víctimas y dando garantías a su integridad con juicios ágiles, condenas efectivas y programas de asistencia y tratamiento a sus autores y sus correspondientes recursos", agregaron. Por ultimo, señalaron que "la difusión de estos hechos indignos a la condición humana genera dos actitudes: el hartazgo social por un lado y la reacción solidaria de la comunidad por el otro. También la promoción de los derechos que asisten a las mujeres debe contribuir a su fortalecimiento y al logro de una sociedad más justa donde impere la igualdad y la equidad y se terminen todas las manifestaciones de violencia".
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