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aniela Carla Tomé, esposa del Ministro de Salud Ariel De la Rosa, debutó este jueves en un cargo jerárquico en el Área de Recursos Humanos del Instituto del Seguro. El ministro que responde al diputado provincial y jefe de UPCN, José Ángel Allende, quedó otra vez envuelto en polémica. La noticia fue divulgada por el sitio Noticia Uno, del periodista Martín Carboni, amenazado días atrás por Allende, quien sugirió que podría ocurrirle lo que al reportero gráfico asesinado en la década de 1990, José Luis Cabezas. De La Rosa, que viene siendo fuertemente cuestionado por la licitación para la compra de 600 millones de pesos en medicamentos que dejaría fuera de competencia a las droguerías entrerrianas, es ahora señalado por ubicar a su pareja en un alto cargo jerárquico de una empresa del Estado. Tomé ingresó así un lugar donde se guardan bajo siete llaves los nombres de empleados y funcionarios que ingresan con cada gestión de gobierno, el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), que conduce Juan Domingo Orabona, ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia. El cargo de la esposa del ministro es de Asesora del Área de Recursos Humanos, por el que gozará de un sueldo de 50.000 pesos por mes. La mujer registra en la AFIP la prestación de “servicios relacionados con la salud humana” y figura inscripta en “Servicios de atención ambulatoria” en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), al ser “apoderada legal” de un servicio de emergencias médicas que opera en la provincia. El funcionario titular de la cartera de Salud fue denunciado hace unos días por el mismo periodista por presuntas irregularidades en los contratos de obra que del Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Víctor Hugo Berta, y de la Directora General de Contrataciones del ministerio, Luisa Ester Berruezo. Los contratos funcionarían como “sueldos encubiertos” para que realicen tareas que están incluidas en las funciones públicas que deberían desempeñar, en una maniobra que permitiría “burlar los topes salariales vigentes para funcionarios públicos”, según publicó Noticia Uno. Al respecto, se abrió una causa y comenzó una investigación penal por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, se informó desde la Procuración General. Se remitieron oficios a distintos organismos estatales, provinciales y nacionales, como al Ministerio de Salud, a la Dirección de Recursos Humanos, a la Cámara de Diputados, a la Contaduría General de la provincia, a AFIP, ATER y ANSES, a los efectos de recabar información concerniente.