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nició el juicio contra el actual concejal de Cambiemos en Paraná y ex senador provincial y ex titular de Vialidad, Santiago Gaitán (PJ). El edil es juzgado desde este miércoles junto al abogado Emilio Torrealday y junto al empresario Osvaldo Issel. Fueron procesados por el delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, luego de una denuncia de la Fiscalía de Estado. El debate se desarrolla en la Sala Primera de la Cámara del Crimen, ante los jueces Elvio Garzón, José María Chemez y Ricardo Bonazzola. La fiscal es Carolina Castagno y los abogados defensores Julio Federik, Leopoldo Lambruschini; Sebastián Colman e Ignacio Díaz. Al concejal Gaitán y al abogado Torrealday se les imputa -cuando el edil era titular de Vialidad provincial y el abogado era apoderado legal de la repartición provincial-, haber suscripto en noviembre de 2006 un convenio de pago con la empresa Neriki SA -de la que Issel era apoderado general- en beneficio del empresario, por un monto de 1.199.662,60 pesos, pese a que no correspondía realizarlo. Los tres señalados fueron procesados por el juez de Transición, Gustavo Maldonado en 2015. “Para la suscripción de los referidos convenios se adujo falsamente que Neriki SA, era cesionaria de la firma Induvial SA y que en consecuencia resultaba acreedora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV)”, en una causa en la que la segunda empresa le inició a la DPV y que se llevó adelante en el fuero Contencioso Administrativo. Oportunamente, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) admitió en parte el reclamo de Induvial ante la supuesta liquidación defectuosa de un monto a cobrar, pero rechazó otros aspectos de la misma demanda, consignó Uno. También Issel está acusado de haber actuado en connivencia previa con el apoderado legal Torrealday, al promover el citado juicio, pese a saber que no le correspondía el carácter de acreedor de la DPV, por ser falso el convenio de pago de noviembre de 2006. Según la Fiscalía, al momento de plantearse un juicio sumario en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 para lograr que se cancelara la deuda según lo pactado, Torrealday “se allanó a la demanda instaurada contra el organismo estatal, conducta con las cuales se pretendió inducir a error a la magistrada (Andrea Pereyra) en procura de un pronunciamiento favorable a los intereses de los imputados, en perjuicio erario público”. Existe además un fallo de la Cámara Contenciosa Administrativa de 2014, a raíz de una presentación de la provincia contra Neriki SA, en el cual se declaró nula la resolución de la DPV que ratificó el convenio cuestionado por considerar que había un grave vicio de ilegalidad en esos actos administrativos.