E

l gobierno nacional, a través del ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, desempolvó un decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión y da de baja pensiones no contributivas por discapacidad, sin previo aviso, en base a criterios como el de tener un familiar con un ingreso formal de $ 21.000. En los últimos días el Gobierno inició la revisión de la nómina de perceptores de las pensiones por invalidez, que representan la mayor parte de los 1,8 millones de beneficiarios de las denominadas "no contributivas". La pensión de discapacidad mínima es $ 4.400 pero la mayoría cobra $ 7.000. Hace un año había otorgadas 1.056.504 pensiones Con el argumento de que el crecimiento de las pensiones no contributivas fue injustificado durante el kirchnerismo y no se ajusta actualmente a la legislación que lo regula, el ministerio de Stanley inició un proceso de depuración de la nómina. La medida provocó el repudio de la oposición. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la medida y difundió detalles aportados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que denunció una baja de 83 mil beneficiarios de las pensiones no contributivas durante 2017. Desde el massismo, el economista Daniel Arroyo apuntó: "el Gobierno, al igual que hizo con el PAMI, se agarra de casos puntuales en los que hubo abusos, los cuales deben ser corregidos, para recortar gastos, quitar derechos". Ante las denuncias, la cartera de Desarrollo Social salió a afirmar que "en modo alguno la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica", sino que las bajas efectuadas tienen su causa "exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación". A su vez, ejemplificaron que en 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones. Guillermo Badino, que lidera la CNPA, dependiente de la cartera, dijo que el programa "fue desvirtuado en la gestión anterior. La pensión por invalidez total y permanente fue administrada de manera clientelar con gente muy vulnerable".