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n un acta acuerdo suscripta el 3 de abril, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) repartió competencias que le corresponden por ley con el Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev) y con un programa dependiente de la Dirección de Salud Mental. El organismo que conduce Marisa Paira dejó de intervenir en casos de niños y adolescentes que no son “objeto directo” de agresiones o abusos y que “solamente” son “testigos” de situaciones de violencia familiar. La atención de estos casos queda reservada para el Coprev y el programa de Violencia Social. La resolución, que rige para el departamento Paraná, fue cuestionada formalmente por tres juezas de Familia, dos juezas de Paz y desde la Oficina de Violencia de Género el STJ, publicó Análisis Digital. El acta acuerdo de la “distribución de competencias” en la prevención de la violencia familiar y de asistencia integral de las personas involucradas fue firmada por la vicepresidente de Copnaf, Huerto Reutlinger; la directora del Coprev, Mariana Broggi; y el director de Salud Mental, Carlos Berbara. En el texto se diferencia a los niños y adolescentes “objeto directo” de violencia de los que son solo “testigos” de violencia. Se reserva a Copnaf la atención de los primeros, mientras que los segundos se asignan al Coprev y al programa provincial de Abordaje de la Temática de Violencia Social, dependiente de la Dirección de Salud Mental. Serían aquellos niños “que presencian o escuchan las situaciones de violencia familiar y no son objeto directo del maltrato”, según se consignó en el acta. La intervención de Copnaf fue solicitada en los últimos meses por distintos juzgados del departamento Paraná, pero el organismo contestó en varias ocasiones que “no realizará el diagnóstico de situación contemplado en el artículo 8 de la ley de violencia familiar” y sugirió a los juzgados que “consideren elevar la solicitud al equipo técnico del STJ abocado a dicha tarea profesional”. Juezas preocupadas La disconformidad de los juzgados fue transmitida en notas formales a la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, con argumentos como que la división de tareas entre el Copnaf y el Coprev “entorpece los procesos de violencia familiar”. Por otra parte, el vocal del STJ Emilio Castrillón, presidente de la Sala Civil y Comercial, mediante un escrito consideró necesario “impulsar diversas gestiones a fin de que el Poder Ejecutivo a través del Copnaf y otros organismos competentes en materia de violencia arbitren los medios para cumplir con el seguimiento de las causas”. Otras tres juezas de Familia de Paraná expresaron su preocupación por el tema, Victoria Solari, Rosario Moritán y Claudia Lafferriere. Firmaron en conjunto una nota a Mizawak en la que le expresaron la “inquietud sobre el efectivo funcionamiento de las competencias y coordinaciones asignadas a los distintos organismos comprometidos”, especialmente en las “situaciones de urgencia”. El Coprev, creado por un decreto del ex gobernador Sergio Urribarri en 2013, es definido como “un espacio de participación entre el Estado y organizaciones no gubernamentales que monitoreará el protocolo para prevenir y erradicar situaciones de violencia”. Está integrado por miembros de los tres poderes del Estado, organizaciones sociales, universidades y colegios profesionales. El programa de Violencia Social, en tanto, depende de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y es coordinado por la psicóloga Claudia Izza. Críticas del propio STJ Otro reclamo fue elevado por Yanina Izet, directora de la Oficina de Violencia de Género del STJ, quien también dirigió una misiva a Mizawak en la que objetó el “encuadre legal” de las modificaciones y señaló que la ley 9.198 (provincial de Prevención de la Violencia Familiar) señala al Copnaf como órgano de aplicación. “Sin modificación legislativa alguna, pretende desvincularse al organismo a partir de la firma de ese convenio. ¿Tiene facultad legal la vicepresidenta de Copnaf para celebrar un convenio que implica abstenerse de cumplir una obligación legal? La situación institucional es grave”, consideró Izet. También cuestionó la funcionaria judicial la diferenciación entre los niños que son “víctimas directas” de agresiones y abusos en sus hogares y los que son “testigos”, ya que, según estudios, “los niños que han sido parte de una familia con situaciones de violencia familiar sufren mayor perjuicio que los que han vivido en una situación de guerra”, aseveró. Por último, la directora de la Oficina de Violencia de Género del STJ expuso que el convenio “importa una grave situación institucional que puede acarrear a la provincia de Entre Ríos responsabilidad internacional” y lo consideró “un retroceso en cuanto a garantizar a las víctimas su acceso a la Justicia”. (Análisis Digital)