Sábado 17 de junio de 2017
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Política
Entrerrianos llevaron reclamos a reunión nacional por quita de pensiones
La asociación nacional de defensores del pueblo y el ministerio de Desarrollo Social abordaron la suspensión de pensiones no contributivas y avanzaron en soluciones, tras la marcha atrás del gobierno nacional. Se informó sobre Entre Ríos
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Defensores acordaron con el Ministerio que nadie quede sin recibir el beneficio

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efensores del Pueblo del país acordaron con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación conformar, junto con asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, una mesa de revisión de los casos de pensiones no contributivas de invalidez para que “nadie quede sin recibir el beneficio”. Fue este viernes en un encuentro con funcionarios del Ministerio del que participaron representantes de Entre Ríos. Asimismo, se trabajará en la detección de las irregularidades: las halladas se elevarán a la Justicia. Las autoridades nacionales informaron que la semana que viene serán depositadas las pensiones, en lo que constituye una nueva marcha atrás del gobierno de Mauricio Macri ante una medida que genera un amplio rechazo social. Por Paraná, estuvo el Defensor del Pueblo Adjunto, Pablo Donadío, y por Entre Ríos fue invitada, ante la carencia de la Defensoría del Pueblo de la provincia, la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce. Donadío presentó el informe con decenas de reclamos registradss en la institución local y se refirió a casos testigo de ciudadanos para los que "la pensión consistía en el principal ingreso de la familia y, tras el corte, se quedaron sin nada", indica el comunicado de la Defensoría enviado a INFORME DIGITAL. La reunión El encuentro estuvo encabezado por el presidente de Adpra y Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, quien recibió a la Jefa de Gabinete de del Ministerio de Desarrollo Social nacional, Alejandra Cedrola, y al titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino. Amor, en su carácter de presidente de la Asociación, anunció que se acordó con la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la conformación de una mesa de trabajo con la participación de las Defensorías del Pueblo del país y asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, para avanzar en la revisión de todos los casos afectados para “que no quede nadie sin el beneficio”. Paralelamente, se trabajará en la detección de irregularidades en la asignación de pensiones. En estos casos, Amor adelantó que se recurrirá a la Justicia, ya que “quién percibe una pensión que no le corresponde, lo hace en detrimento del Estado y de quien sí le corresponde”. “La conformación de la mesa es un paso adelante, una forma de institucionalizar el trabajo. Este es un escenario ante el cual los Defensores tomamos la responsabilidad de solucionar el problema, tal como lo hicimos con el caso de la tarifa social. En conjunto con el Estado y las asociaciones tenemos que llevarle la solución a las personas”, concluyó el Defensor, en un comunicado difundido tras el encuentro. Por su parte, Badino aseguró que la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales no reducirá su presupuesto y dijo: “Estamos trabajando para atender cada caso. Si nos equivocamos, lo corregiremos”. Además, de acuerdo al parte de prensa, Cedrola comunicó que las únicas pensiones que fueron suspendidas son aquellas vinculadas a la adquisición de un empleo en blanco por parte del beneficiario y en casos de fallecimiento o renuncia al beneficio. “Todas las demás pensiones serán depositadas la semana próxima de forma retroactiva”, afirmó la funcionaria. Los Defensores del Pueblo nucleados en Adpra entregaron a los funcionarios un documento en el cual se reafirmó la necesidad de realizar un análisis caso por caso, de forma interdisciplinaria, para determinar quiénes están en condiciones de percibir el beneficio. Al mismo tiempo, se resaltó la importancia de respetar el debido proceso administrativo ante ceses o suspensiones. Por último, se recomendó la derogación del Decreto 432/97 y la redacción de una nueva normativa con criterios más inclusivos, que reconozca a las personas con alguna discapacidad como plenos sujetos de derecho.
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