D

e la redacción de INFORME DIGITAL El abogado Carlos Reggiardo, enrolado políticamente en el Frente Renovador, presentó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal de la provincia contra la ministra de Desarrollo Social, María Laura Stratta, y el gobernador, Gustavo Bordet, por la compra de 30 toneladas de tela para la producción de frazadas en el marco del plan Cobijar. Pide que se investigue un presunto perjuicio al Estado por $1,5 millones. La gestión está suspendida. En base a la publicación de un informe periodístico de la revista Análisis y “ante la inacción del Procurador Jorge García”, el abogado, quien además es defensor del ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi, radicó la presentación judicial por “la compra que el propio Tribunal de Cuentas declaró como perjudicial y el posterior encubrimiento de la ministra y el propio gobernador” y solicitó que se inicie una Investigación Penal Preparatoria “para eventualmente elevar a juicio y condenar las conductas contra la administración pública”. Además de sugerir que García impulse un “allanamiento de Ministerio de Desarrollo Social con el fin de hacerse de toda la documentación de las contrataciones”, la solicitud a la que accedió INFORME DIGITAL pide que se investigue a Stratta por los posibles delitos de abuso de autoridad y desfalco, mientras que a Bordet por los de encubrimiento y abuso de autoridad. $7 millones y un dictamen del Tribunal de Cuentas La gestión denunciada es la licitación para la compra de 30.000 kilos de tela polar por unos siete millones de pesos para hacer frazadas, a la que se presentaron las firmas Litoral Textil, Ramar-com y Compañía Comercial Mayorista SRL, que resultó la adjudicataria, por un monto de 6.996.000 pesos. “Ramar-com, que había sido dejada de lado por ofrecer un material de inferior calidad, según los informes técnicos correspondientes, interpuso un recurso de revocatoria, pero la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social rechazó la acción”, relata la presentación. El Tribunal de Cuentas intervino con un dictamen que consideró que la contratación causaría al Estado un perjuicio cercano al 1,5 millón de pesos. Y aquí se desató la principal polémica. El organismo contralor lo hizo en base a su Acordada 784, de octubre del año pasado, que habilitó la intervención desde el origen en los trámites de contrataciones de alta significación económica que realice el Estado, una atribución conferida por la Constitución 2008. Luz verde de Legal y Técnica Sin embargo, el Ejecutivo desestimó lo expresado por el TdC y continuó con la adjudicación. Por su parte, se sustentó en un dictamen de la secretaría de Legal y Técnica, que a su vez dio letra a un decreto del gobernador que le quita momentáneamente la potestad mencionada al Tribunal. No obstante, dejó sentada la necesidad de remitir a la Legislatura un proyecto que precise en qué contrataciones deben intervenir los organismos de control. En la acordada 284/16 del TdC se consideró “contrataciones de alta significación económica” a aquellas cuyo presupuesto superase los 4,9 millones de pesos en bienes y servicios, los 24 millones de pesos en obras de arquitectura y los 62,6 millones de pesos en obras de ingeniería. También se plasmó la obligatoriedad de remitir al organismo los proyectos de pliegos de cada licitación antes de su publicación, consta en la presentación de Reggiardo. Por último, la denuncia advierte que la compra se adjudicó a la firma Compañía Comercial Mayorista, “pero el contrato suscripto fue suspendido transitoriamente por un decreto en el que se supeditó la continuidad a ‘la resolución definitiva de las investigaciones en curso’ por parte del Tribunal de Cuentas”.