D

e la redacción de INFORME DIGITAL Este martes se supo que el diputado provincial y presidente de bloque de Cambiemos en la Cámara Baja, Sergio Kneeteman, presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial que indaga sobre los cambios en el sistema de control y fijación de honorarios en los procesos iniciados por la Administradora Tributaria de Entre Ríos. El legislador explicó que el año pasado dejó de tener vigencia el sistema de control implementado en 2012, que regulaba los montos de los honorarios que fijaban los abogados apoderados en representación del Estado para la ejecución de deudas del fisco provincial. Se trata de la resolución 197, que fue derogada por otra, la 313/16. Para Kneeteman esa resolución es “un retroceso en materia de control”. En respuesta al legislador, la dirección de Asuntos Jurídicos de ATER emitió un comunicado en el que aclaró que el organismo no regula los honorarios y aranceles profesionales, sino que de ello se encarga un juez. En esa línea, desde el área se mostraron sorprendidos por el pedido de informes del legislador opositor y, tras señalar que remitirán una respuesta formal, observaron que "llama la atención la mediatización que se hace de este instrumento, peor aún el planteo parte del desconocimiento, preocupante para un presidente de bloque, o bien desde una intencionalidad que evidentemente sería política y electoral". En su respuesta a Kneeteman, la ATER resaltó que "Ley está por sobre una resolución" y recordó que "la Ley Provincial 10.377 (de agosto de 2015) derogó la Ley Provincial 8622 (del año 1992), con lo cual La Ley 7.046 que regula los honorarios y aranceles profesionales recuperó su carácter de orden público, esto quiere decir que la regulación de cualquier honorario es establecida por el juez que interviene en la causa y de acuerdo a como dice la ley no pudiendo sobre ello haber un acuerdo entre parte distinto". Para más ahondamiento, desde el Asuntos Jurídico del organismo recaudador señalaron que "el Decreto N° 1559/2016 GOB, en línea con la Ley N° 10.377, en el art. 7 del Anexo II establece que en materia de honorarios los del procurador se regirán por la ley de aranceles vigente, esto es por la Ley 7046 con la modificación introducida por la Ley 10.377". Y agregaron que "a partir de tal modificación, la Resolución 197 de 2012 de ATER, vigente hasta entonces, se convirtió en una norma inaplicable y fuera del marco legal vigente. Por ello fue derogada por la Resolución 313/16, a partir de lo cual la ATER dejo de ser la cobradora de honorarios de los abogados". En esa línea, destacaron que "el actual esquema cualquier contribuyente que quiera pagar sus impuestos, puede concurrir a las oficinas de la ATER y hacerlo (o hace un plan de pagos), sin necesidad la autorización o previo pago de los honorarios de abogado alguno. Si algún abogado pretende otra cosa, se insta desde ATER al contribuyente que formule la denuncia por escrito a fin de tomar medidas. No obstante, también es importante destacar que quien es apremiado por falta de pago de sus impuestos, es porque no se avino a hacerlo en las varias oportunidades anteriores que tiene para hacerlo". "En virtud de la Ley 10.377, llegado el caso de realizarse una determinación de honorarios a instancias de un juicio de apremios, es un Juez quien determina los honorarios. Y no la ATER", reiteraron desde el organismo. "Organismo transparente" En su respuesta al legislador de Cambiemos, desde la ATER sostuvieron que "por expresa instrucción del Gobernador de la Provincia, esta gestión de ATER ha promovido una batería de acciones en pos de un organismo transparente y con una articulación dinámica con el Tribunal de Cuentas de la Provincia". "Estas medidas han implicado sobretodo exigir que los procuradores rindan cuentas de su labor de cobro de los créditos fiscales que le pertenecen a la provincia y no a ningún profesional, lo cual evidentemente ha tocado intereses y genera reacciones que se han ido deslizando desde hace un tiempo en los medios de manera llamativa", completaron. En materia de controles y seguimiento de las planillas de apremio fiscal, desde ATER dijeron que "se han venido intensificado las acciones de seguimiento de casos, el establecimiento de nuevos parámetros de asignación e incluso se han elevado informes a los organismos de contralor dando cuenta decenas de acciones, políticas y normativas que, lejos de significar un retroceso significan un claro e importante avance en materia de controles". Por último, desde el organismo señalaron que eventualmente responderán el Pedido de Informes elevado por Kneeteman, aunque se mostraron sorprendidos por la presentación. "Llama la atención la mediatización que se hace de este instrumento, peor aún el planteo parte del desconocimiento, preocupante para un presidente de bloque, o bien desde una intencionalidad que evidentemente sería política y electoral", cerraron.