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e la redacción de INFORME DIGITAL El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia resolvió ordenar la reincorporación del viceintendente de Victoria, Alcides Risso (Cambiemos) en su cargo. La sentencia es del 2 de agosto, casi ocho meses después del decreto del Concejo Deliberante victoriense (del 7 de diciembre del año pasado) que lo suspendió durante, precisamente, ocho meses y sin goce de haberes. La medida del cuerpo legislativo de la ciudad de las Siete Colinas fue el punto cúlmine de una escandalosa interna que se suscitó en el gobierno de Cambiemos en Victoria. El intendente Domingo Maiocco denunció públicamente a Risso por haberle falsificado la firma en un presunto comunicado de prensa presidente municipal en el que se informaba “a los contribuyentes que el presidente del Honorable Concejo Deliberante (Risso) no posee deudas con el municipio”. Fue luego de que se ventilara en los medios una supuesta deuda de la inmobiliaria del viceintendente con el municipio por falta de pago de la tasa comercial. En diciembre, el Concejo Deliberante, con ocho votos a favor (5 del FpV y 3 de Cambiemos, de un total de 11), resolvió suspender a Risso en su cargo durante ocho sin cobro de su sueldo, en medio de un “escándalo institucional” como se calificó el asunto en el recinto. La decisión judicial Risso acudió a la Justicia mediante una acción de Amparo, primero tramitada en el Ministerio Público Fiscal y luego elevada al STJ. Este 2 de agosto, prácticamente al cumplirse los ocho meses de suspensión del vice, los jueces resolvieron ordenar que se suspenda la medida tomada por el Concejo, en la causa “Risso J. Alcides c/HCD de Victoria – Conflicto de poderes”. El fallo es de los vocales Leonor Pañeda y Bernardo Salduna, y la adhesión de Susana Medina de Rizzo, Emilio Castrillón y Daniel Carubia. Ordena “la suspensión del procedimiento -aplicación art. 1º del Decreto 095, de fecha 7 de diciembre de 2016, dictado por el Concejo Deliberante de Victoria- durante la tramitación del proceso y hasta el dictado de la sentencia definitiva”. En su Acción, Risso había pedido que se deje sin efecto la medida considerada ilegítima, por haber sido dictada “por un órgano incompetente que se atribuyera competencias sancionatorias no regladas”. Entre los fundamentos de la sentencia, Pañeda entendió que “el conflicto de poderes es aquél donde un poder o una Municipalidad o una rama de la corporación municipal, se atribuye o ejerce competencia, invade o ejercita atribuciones que corresponde a otro poder”. Salduna, en tanto, advirtió que “los concejales sólo tienen potestad para destituir al vicepresidente municipal en esos taxativos supuestos (condena penal e incapacidad). Y tan sólo para removerlo de su cargo. No para ‘sancionarlo’, como aquí ha sucedido”. (con información de Análisis Digital)