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e la redacción de INFORME DIGITAL A través de una Acordada, el Superior Tribunal de Justicia consideró y coincidió con la postura del Poder Ejecutivo entrerriano en el marco de las diferencias que mantiene con el Tribunal de Cuentas de la provincia alrededor del procedimiento reglamentario de control integral –desde su origen- de aquellas “contrataciones de alta significación económica”. El máximo órgano judicial provincial determinó que el control “debe ser establecido por ley”. Al respecto, cabe advertir que hay un proyecto enviado recientemente por el Poder Ejecutivo a la Legislatura. Si bien la resolución del STJ está fechada el 13 de diciembre pasado, se difundió en estos días en los que desde Cambiemos se cuestionó la iniciativa legislativa del gobierno. La polémica se desató a raíz de una compra en la órbita del ministerio de Desarrollo Social de tela para confeccionar frazadas, adquisición que fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas. El organismo de control había establecido mediante una Acordada propia el año pasado que las contrataciones de alta significación económica serían fiscalizadas por el TdC desde el comienzo de la operación, lo cual fue rechazado luego por el Ejecutivo, a través de la secretaría Legal y Técnica. Ahora se conoció la posición de los jueces superiores. “Sin perjuicio de estar de acuerdo con que exista un mecanismo de control originario de las contrataciones, el Superior Tribunal de Justicia entendió que el Tribunal de Cuentas no posee facultades para reglamentaren tal sentido”, señalaron y agregaron que “dicho órgano, -por su autonomía funcional- puede emitir normas para su funcionamiento interno”. El Tribunal requirió, sí, “la sanción de una ley que supla el vacío legal, o al menos –y mientras tanto- el dictado de un Decreto Reglamentario del Poder Ejecutivo”, finaliza la acordada. Dicho proyecto de la ley fue presentado hace un mes por el Poder Ejecutivo. La acordada fue suscripta por los vocales Claudia Mizawak, Bernardo Salduna, Germán Carlomagno, Susana Medina, Leonor Pañeda, Emilio Castrillón y Guillermo Smaldone. “La decisión del gobernador es que se debata en la legislatura y que salga por consenso, por unanimidad en ambas Cámaras”, afirma el parte de prensa oficial enviado a INFORME DIGITAL. Cabe advertir que algunos miembros del bloque de senadores de Cambiemos anticiparon su oposición al proyecto tal cual fue remitido por Bordet a la Cámara Alta provincial.