L

a Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) condenó al Consejo General de Educación (CGE) a abonar en tiempo y forma los sueldos docentes que se han liquidado con errores, producto de las complicaciones del Sistema Administrativo de Gestión Docente (SAGE). El fallo beneficia a Sandra Carina Barreto, docente de la Escuela Osvaldo Magnasco, de Victoria, que llegó a la Justicia con un amparo por la falta de pago del sueldo de junio. Los jueces hicieron un llamando de atención a la gestión de la educación provincial respecto de los llamados “errores de liquidación”, que puede provocar un efecto cascada. El fallo fue firmado por los jueces Daniel Carubia y Miguel Giorgio, con la abstención de la jueza Claudia Mizawak. En su voto, Carubia hace notar la “explícita confesión” del Consejo de Educación “de haber omitido el pago de los haberes correspondientes al mes de junio de 2017, que debía percibir la señora Barreto”, aún cuando “pesaba el expreso deber legal de abonarlos en tiempo y forma”, y que esa obligación no podía aludirse “en la aprobación del trámite en el sistema SAGE”. Según consideró el juez superior de la provincia, el CGE no puede “desentenderse de su obligación, atribuyendo displicentemente el yerro a sus dependientes -como si ninguna vinculación tuviera con los mismos-, siendo que tal circunstancia proviene de las fallas e irregularidades que emergen del sistema de liquidación de haberes escogido por el propio CGE”. Dichas fallas e irregularidades, consta en el voto de Carubia, “derivó, en el caso, en la ilegítima privación de la percepción del salario de la actora”. En primera instancia, un fallo dictado por la jueza de feria Gabriela Garbarino había rechazado el amparo, por lo que el abogado Ramiro Pereira, que representa al a docente, fue en apelación ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que dio vuelta la sentencia de Garbarino. El abogado, además, lleva adelante otros cinco casos de docentes que han soportado “errores de liquidación” y en todos encontró fallos favorables en primera instancia. Si bien todos fueron apelados por el Consejo de Educación, ya hay una primera sentencia adversa al Consejo de Educación: en primera instancia, la jueza Civil y Comercial Nº 6, Silvina Rufanacht, hizo lugar al planteo de un docente y condenó a Educación a regularizar el pago de los sueldos. El Estado apeló y en segunda instancia el STJ confirmó un fallo. Como todas las sentencias adversas al CGE fueron apeladas, podría suceder que el resto de los amparos tengan igual resolución y que el Estado provincial resultara condenado a regularizar el pago en tiempo y forma de los sueldos docentes. (Entre Ríos Ahora)