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unque muchos no lo sepan, la ley argentina regula las encuestas y sondeos de opinión preelectorales. En la Ley 26.571, aprobada en 2009 y conocida por haber instaurado las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatoria (PASO), también se reglamentan, entre otros aspectos, los partidos políticos, el financiamiento de las campañas y las encuestas. Según esta ley, aquellas empresas que deseen hacer públicas por cualquier medio de comunicación encuestas de opinión o prestar servicios de sondeo durante la campaña electoral deberán inscribirse primero en un registro de la Cámara Nacional Electoral. Pero esto no es lo único. Además, las empresas deberán presentar un informe donde se individualice quién realizó la contratación, el monto facturado y un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada (el tamaño y características de la muestra, cómo fue el procedimiento de selección de los entrevistados, cuál es el error estadístico y la fecha del trabajo de campo, entre otros datos). Gustavo Mason, subdirector de la Cámara Nacional Electoral, explicó a Chequeado que “la finalidad de la publicación es fomentar aún más el voto informado de la ciudadanía” y que el hecho de que las encuestas entreguen estos datos “hace a las buenas prácticas en materia electoral” Además, explicó que las consultoras deben registrarse en cada elección y dijo que desde la Cámara contactan activamente a las empresas para que lo hagan. Sin embargo, el cumplimiento de la ley es casi nulo. ¿Por qué? Basta con sólo enterarse de las sanciones: las empresas que incumplieran dos veces consecutivas la ley serán sancionadas con la prohibición de inscribirse en el registro de encuestadoras. ¿Cuál es el riesgo de no estar en dicho registro? Ninguno. Chequeado analizó 35 notas periodísticas publicadas en los principales medios web desde el sábado 25 de junio a la medianoche, cuando finalizó el plazo oficial para inscribir a los candidatos con miras a las elecciones PASO, hasta hoy. Estas notas, a su vez, hacen referencia a 45 encuestas o sondeos de opinión, ya sean nacionales, de la Provincia o de la Ciudad de Buenos Aires. De estas 45 encuestas que se difundieron en los medios, sólo en 14 casos las empresas informaron tanto su metodología como el financiamiento a la Cámara Nacional Electoral. Es decir que apenas 31% de las encuestas publicadas por los medios en esta campaña cumplieron con la ley. A su vez, en estas elecciones y hasta el primero de agosto se habían inscripto 21 encuestadoras, de las cuales 13 informaron el financiamiento de sus encuestas. Sin embargo, diez pusieron que se trataba de financiamiento propio de la consultora y no informaron monto. Las únicas tres empresas que sí aseguraron ser contratadas por partidos políticos o empresas son Hugo Haime, Opolit Communis y Query. Estas informaron facturaciones que van desde los $35 mil a los 121 mil pesos. La consultora de Haime fue la única que informó ser contratada por entidades políticas: facturó al Frente Justicialista por Tucumán (donde compiten funcionarios de la gestión del gobernador y ex ministro de Salud de la Nación durante el kirchnerismo, Juan Manzur) y al Partido Nuevo Buenos Aires (que integra la alianza 1País de Sergio Massa). Query Argentina, que esta campaña realizó estudios con la consultora privada que dirige Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli, aseguró ser contratada por una “empresa privada”. Finalmente, Opolit Communis informó un monto facturado de $50 mil, pero aseguró que la propia Opolit Communis era la contratante. Sobre el bajo porcentaje de cumplimiento a la ley, Mason, de la Cámara Nacional Electoral, reconoció: “La ley busca fomentar la transparencia en encuestas y sondeos, aunque las sanciones dispuestas por el legislador parecerían ser algo insuficientes para instar a su efectivo cumplimiento”. Esta crítica ya había sido señalada por la propia Cámara en una acordada de 2015 donde destacó el bajo cumplimiento y pidió “dirigirse al Congreso de la Nación a los fines de que se evalúe la posibilidad de revisión del régimen vigente, para dotarlo de medios adecuados y procedimientos efectivos”. Mario Riorda, licenciado en Ciencia Política y director de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral, explicó a este medio que, si bien “el espíritu de las leyes es el adecuado, su instrumentación carece de adecuada implementación y recursos destinados a tal fin”. Además, criticó que “existe cierta connivencia generalizada entre partidos, medios y proveedores privados”. En este sentido, muchos medios de comunicación también incumplen la ley. Según la norma, “los medios masivos de comunicación deberán citar la fuente de información, dando a conocer el detalle técnico del trabajo realizado”. Sin embargo, esto no sucede en todos los casos. De las 35 notas analizadas, 16 (casi la mitad) no consignan siquiera la cantidad de casos de las encuestas que citan en sus notas. Entre ellas, se encuentran notas de Clarín, El Cronista, El Destape, Minuto Uno, La Nación, Página 12, Perfil y Tiempo Argentino. En otros casos, por ejemplo en esta nota de La Nación, los medios ni siquiera informaron de qué encuestadora surgían las cifras de su nota.