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ste viernes se llevará a cabo una reunión del Foro de Fiscales de Estado de las provincias que deben responder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la demanda efectuada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires por el Fondo Histórico de Reparación del Conurbano Bonaerense. De cara a ese encuentro, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, adelantó que en la reunión “voy a hacer el planteo de acuerdo político para frenar la demanda jurídica. No le pedimos al gobierno de Buenos Aires que desista, pero sí que se suspendan los plazos hasta tanto se expida la comisión bicameral de reforma del sistema tributario”, lo cita el comunicado oficial enviado a INFORME DIGITAL. La posición del gobierno de Entre Ríos En caso de un fallo favorable al gobierno de María Eugenia Vidal en la CSJN, explicó el fiscal de Estado que “son 3500 millones de pesos el impacto estimado para este año, pero además lo plantean retroactivamente”, lo cual “es absolutamente inviable. Pondría a la provincia en una situación límite, de inviabilidad absoluta, y en una crisis no solo fiscal sino también social”, alertó Rodríguez Signes. El representante entrerriano ante el Foro de Fiscales de Estado incluso comparó las consecuencias que podría tener dicho desfinanciamiento con la crisis del año 2001. “No por estas razones, pero en el 2001 las provincias se quedaron sin recursos para pagar remuneraciones y ahí comenzó la crisis. En Entre Ríos, en julio de 2001. Creo que nadie quiere volver a esa situación, pero la demanda vista fríamente y crudamente nos coloca en ese tipo de situación”, advritió. Repaso histórico El jurista del gobierno de Gustavo Bordet reseñó los avatares de la legislación argentina en materia de coparticipación de impuestos. “La 23.548, ley madre de Coparticipación Federal, que empezó a regir el 1 de enero de 1988, establecía una coparticipación del 52 por ciento para las provincias, el 44 por ciento para la Nación, un fondo de recupero para las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Neuquén, y el uno por ciento para los ATN”, indicó. Si esa ley “se cumpliera estrictamente, Entre Ríos tendría hoy un presupuesto superavitario, tendría más recursos de lo que gasta”, afirmó Rodríguez Signes. En tanto, recordó que “en 1992 se firmaron los famosos Pactos Fiscales de detracción del 15 por ciento de la Coparticipación; después una modificación al Impuesto a las Ganancias que sacó el 10 por ciento para el Fondo del Conurbano y el 20 por ciento para la Anses; luego se modificó la ley de IVA ; posteriormente, se generó el impuesto al Cheque o a los créditos y débitos bancarios, y después las retenciones, aunque no se coparticipan”. Como resultado de todo ello, el funcionario entrerriano precisó que “las provincias hemos perdido 20 puntos de Coparticipación. Este planteo de Buenos Aires nos va a obligar a plantear la inconstitucionalidad de todas estas afectaciones y detracciones”.