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e la redacción de INFORME DIGITAL La polémica que despertó la ley sancionada este martes en la Cámara de Diputados en la provincia, que perdona $31 millones de pesos que empresarios concesionarios de termas deben a la Provincia, entre ellos el constructor Miguel Marizza, llevó al bloque de Cambiemos a dar explicaciones por su voto y, de paso, cargar contra el Ente Regulador de Termas de Entre Ríos, cuya “existencia” quieren poner en discusión. La ley que impulsó el oficialismo y acompañaron Cambiemos, Recuperación Radical (Ricardo Troncoso), UNA-Frente Renovador (Gustavo Zavallo y Daniel Koch) y Mariela Tassistro –el único diputado que se opuso fue el cuarto massista, Alejandro Bahler- ordena cancelar toda la deuda que mantienen los concesionarios con el Estado provincial en concepto del canon que deben pagar por la explotación del recurso, que pertenece al patrimonio público entrerriano. Entre los $31 millones totales de la condonación, $3.811.000 se le perdonarán –cuando la ley la apruebe el Senado, lo cual sería un hecho- al empresario de la construcción, el turismo y la noche, Miguel Marizza, presidente de la Cámara Entrerriana de la Construcción. El “empresario amigo del gobierno”, como definió Bahler en declaraciones a INFORME DIGITAL. Cambiemos, contra el financiamiento del ERRTER En medio de la relativa controversia que generó el proyecto, el bloque de Cambiemos salió a justificar por qué aprobó la iniciativa justicialista. “Le pusimos un freno a la pretensión recaudatoria del Ejecutivo provincial (…) para el financiamiento político de un Ente cuestionado, con funciones poco claras, que incluso, como está a la vista, ni siquiera fue capaz de cumplir desde su creación, en 2006, hasta la fecha", dice el comunicado enviado a INFORME DIGITAL. Según el texto, la bancada UCR-PRO considera a su vez que “con la quita de este monto no se está privando a los entrerrianos de mejoras en caminos, educación, viviendas o salud, ya que la Ley Nº 9.678 (NdeR: Marco Regulatorio del Manejo de los Recursos Termales) sólo estipula que los recursos ingresados en concepto de canon termal se destinarían a la conservación del recurso termal, lo cual tampoco se hizo desde la creación del Ente a la fecha”. Los legisladores radicales y macristas dicen estar “convencidos de que la cuestión de fondo es discutir el marco regulatorio y, sobre todo, la existencia del Ente”. Su función, alegan, “podría ser absorbida por otros organismos competentes del Estado”, por lo que piden “revisar la ley, debatir sobre la existencia del Ente y reconsiderar la modalidad de determinación del canon exigible”, ya que diferencian la administración privada de una persona de derecho público, como los municipios.