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e la redacción de INFORME DIGITAL El diputado nacional del Frente para la Victoria y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, enfrenta su peor momento judicial, ya que pesan sobre él dos pedidos de jueces federales para que la Cámara Alta nacional le quite los fueros parlamentarios y pueda procederse a su detención. Es por dos causas distintas por hechos ocurridos durante su gestión en el gabinete de Cristina Kirchner. Una por malversación de fondos en el yacimiento carbonífero de Río Turbio y otra por sobreprecios en la compra de gas licuado para abastecer la red interna nacional. A diferencia de la primera votación para desaforarlo, en la que muchos legisladores rechazaron quitarle los fueros ya que no había solicitud de un juez, esta vez la balanza se inclinaría por un voto mayoritario a favor. El diputado nacional Jorge D’Agostino (Cambiemos-Entre Ríos) es vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, que tratará los pedidos judiciales antes de pasar a votarlos en el recinto. En diálogo con el programa Palabras Cruzadas de la radio 94.7 de Paraná, explicó las expectativas de “los que queremos desaforarlo”, lo cual es en los hechos pagarle el boleto a la prisión preventiva que demandan los jueces. El antecedente y las nuevas expectativas D’Agostino recordó que en la votación para expulsar a De Vido por ‘inhabilidad moral’ “surgieron reproches de diputados que no iban a votar: del Movimiento Evita, del PJ disidente, de (el Frente Renovador de Sergio) Massa. Sin embargo, el radical se esperanzó ya que “han adelantado opinión (el diputado y presidente del PJ nacional, José Luis) Gioja, que está en el FpV, también hay peronistas de (Diego) Bossio, que no quisieron votar y que dijeron votarían el desafuero si lo pide la Justicia. Nos acercamos al número”, estimó. El diputado entrerriano reseñó que la comisión de Asuntos Constitucionales está convocada para el martes que viene –apenas pasadas las elecciones generales- a las 16. Con el voto a favor de la mitad más uno de sus integrantes podrá aprobarse el dictamen favorable al desafuero de De Vido. Esto es, 18 de los 34 miembros. Luego, en la sesión prevista para el miércoles 25, los impulsores de la quita de fueros al ex ministro necesitan dos tercios de los diputados presentes en el recinto para lograrla. Son 172 sufragios si están todos, o lo que a ello equivalga según la cantidad de ausentes. “Para hacer un cálculo especulativo, en la medida de que los 257 sean menos, menos cantidad de votos vamos a necesitar nosotros para llegar a los dos tercios”, evaluó D’Agostino. “Ahora hay que desmembrar y mirar si no se va a repetir lo de antes”, advirtió, en alusión a la votación por ‘inhabilidad moral’. El radical entrerriano expresó su incertidumbre por si “se van a aglutinar (en el kirchnerismo) para protegerlo, porque ahí hay mucho de asociación ilícita, o si vamos a lograr el quórum en la comisión y luego 172 votos el miércoles”. Los pedidos de los jueces El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento y prisión preventiva del ex ministro kirchnerista por "defraudación a la administración pública y administración fraudulenta", ya que determinó que hubo una defraudación millonaria al erario nacional en la compra de barcos de gas natural licuado GNL. La investigación judicial detectó una maniobra de pago de sobreprecios en los barcos comprados por la cartera que manejaba De Vido (Planificación), primero a través de ENARSA y luego de YPF, para abastecer de gas a la red que estaba en plena crisis energética. Según el cálculo que se hizo en la causa a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, a partir de un peritaje se determinó una defraudación de 6.995.926.798 dólares El otro pedido de prisión surgió de otro juez federal, Luis Rodríguez, quien de acuerdo a lo solicitado por la Cámara Federal porteña ordenó su desafuero y detención. En esta causa se investiga un desfalco de $ 265 millones por malversación de fondos en el yacimiento carbonífero de Río Turbio. De Vido y sus subordinados tenían la obligación de controlar los casi $ 265 millones que tenían como finalidad la puesta en marcha de la mina de carbón, pero que habrían sido desviados según el expediente sobre el que decidió Rodríguez.