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e estima que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no adoptará ninguna definición antes de fin de año respecto a uno de los expedientes que genera mayor incertidumbre por las implicancias que tiene: el reclamo que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal de eliminar el tope de 650 millones de pesos del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano impuesto en 1996, y que le restituyan un retroactivo de esos aportes que pueden llegar a los 300.000 millones de pesos. Si ese pedido avanza, Buenos Aires obtendría una actualización del orden de los 53.000 millones. Quién debe poner ese dinero es parte de la pelea política entre el Estado nacional y los gobernadores, que ya advirtieron que no cederán un peso. Si la Corte falla a favor de Buenos Aires, se desfinancian las provincias, dicen los mandatarios provinciales. La Corte les dio intervención a todas las provincias que están haciendo sus presentaciones. Pero se estima que nada se sabrá por parte del máximo tribunal antes de fin de año. Al mismo tiempo, la Corte mira cómo se da la puja política entre la Casa Rosada y los gobernadores peronistas. Se ilusionan con un acuerdo político-económico que se zanje con una compensación de deudas entre el Estado y las provincias, que les evite una definición jurídica de fondo. Los gobernadores por las dudas ya hicieron sus alegatos de oreja. Se cruzaron como causalmente en diferentes actos públicos y eventos sociales con la mayoría de los jueces de la Corte para contarles lo flacas que están sus arcas, según informó La Nación. La agenda de la Corte incluye además la definición sobre la libertad o no de Milagro Sala, la dirigente social jujeña que estaba con arresto domiciliario y volvió al penal de Alto Comedero. La Corte estudia si confirma o no una condena en su contra a 3 años de prisión en suspenso, mientras analiza si corresponde o no su libertad. Mientras, en Jujuy se suceden otras investigaciones por el desvío de fondos recibidos del Estado nacional. No hay aún consenso en el alto tribunal sobre el caso Sala, aunque algunos jueces hablan de respetar la autonomía del Poder Judicial de la provincia, que es el que la investiga y el que dispuso las medidas en su contra. Pero es mucha la presión por su libertad de parte del kirchnerismo, del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para comprender lo lábil que es el consenso, hay que entender a la Corte en tiempos de Macri. Ya no hay mayorías claras; no hay una tendencia a formar un bloque permanente y hay que armar las mayorías en cada caso. De hecho, los jueces se reunieron para armar esta agenda y ponerle fecha a la firma de cada causa. Pero ellos mismos las causas fueron cambiando. Temen que se filtre y hay desconfianza. Además del Fondo del Conurbano y de Milagro Sala, otro tema caliente que tiene la Corte es el del 2 por 1 en el cómputo de la pena de los delitos de lesa humanidad. Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti formaron mayoría y declararon aplicable ese beneficio. Pero la gente les hizo saber con una multitudinaria marcha e indignadas manifestaciones que los violadores de los represores no pueden tener privilegios, y el Congreso sancionó una ley correctiva. Ahora la Corte debe resolver sobre la base de esa nueva norma. Un tema económico sensible por los millones de dólares que involucra y los intereses de funcionarios del Gobierno que toca es el caso de Farmacity. La justicia bonaerense viene fallando en contra de la instalación de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, pues una ley de 1987 de corte sanitarista establece que las farmacias son un servicio público y no pueden pertenecer a sociedades anónimas con un propósito exclusivamente comercial. Farmacity alude que hay una violación de la libre competencia y de una mejor prestación de servicios. El tema eriza la piel de la Corte Suprema, y de la Casa Rosada, porque cualquier decisión favorable a la cadena luego de años de consistente jurisprudencia en contra podría ser vista como el uso de influencia política para favorecer los intereses de la compañía de la cual el actual vicejefe de Gabinete Mario Quintana sigue siendo accionista con 932.000 pesos, según su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción de diciembre de 2016. El juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, ex abogado de Farmacity, ya se excusó y se apartó del caso. Menos político, pero con las mismas urgencias que le impone el almanaque, está el caso que debe resolver la Corte sobre la pertinencia de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Podrá completarse esta agenda o no, pero los temas están sobre la mesa.