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a Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, a nueve años de su creación. La acordada está fechada este jueves y determina un feriado judicial de siete días hábiles para la nueva estructura, por lo que comenzaría a funcionar el martes 5 de diciembre. El tribunal estará integrado por Mariela Emilce Rojas, Jorge Sebastián Gallino y Juan Manuel Iglesias, que habían sido designados el 25 de septiembre de 2015; Estela Fabiana León ejercerá como fiscal general y Julieta Elizalde será la defensora oficial. En principio tendrá además una planta de 23 personas entre secretarios, prosecretarios, empleados y personal de maestranza y oficios. Una situación que podría complicar el funcionamiento del nuevo tribunal es que Iglesias solicitó un “traslado” y fue autorizado a asumir en la provincia de Chaco. Ese traslado se efectivizará, pero el tribunal de Concepción del Uruguay comenzará a funcionar con los otros dos magistrados titulares e Iglesias lo integrará como subrogante hasta que se realice un nuevo concurso. “Es propósito de esta Corte (Suprema) proveer lo necesario para asegurar la correcta prestación del servicio de justicia, por lo que la puesta en funcionamiento de un tribunal constituye una prioridad insoslayable”, se consignó en la Acordada Número 36/2017, firmada por los cortesanos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En la misma resolución se consignó que “el presupuesto del actual ejercicio financiero prevé los créditos y los cargos necesarios para afrontar el gasto correspondiente y que están dadas las condiciones de infraestructura y equipamiento para la puesta en funcionamiento del mencionado órgano judicial”. Nueve años El nuevo tribunal fue creado el 26 de noviembre de 2008 por Ley Número 26.429, con el objetivo de aportar un cierto equilibrio en la administración de justicia entre ambas costas, ya que allí se tramitarán las causas penales de los departamentos Islas, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, San Salvador, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y Villaguay. Tendrá a su cargo el juzgamiento de causas por narcotráfico, contrabando, trata de personas, secuestros extorsivos, evasión fiscal, falsificación de documentos, el robo de obras de arte y delitos de inmigración, principalmente. La habilitación de la nueva estructura judicial era un reclamo que hace muchos años venían realizando los integrantes del Tribunal Oral Federal de Paraná. Los números avalan las quejas: en 2015 se dictaron 79 sentencias definitivas, de las cuales 22 fueron por juicios orales; y se hicieron 72 juicios por delitos de narcotráfico. Del total de sentencias, 36 se originaron en la jurisdicción del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, lo que hace un 45,5 por ciento. A esto hay que sumar otras resoluciones por probation, sobreseimientos, prescripciones, incompetencias y delitos en flagrancia. La tendencia se mantiene este año: hasta el 8 de agosto, el tribunal tenía 860 expedientes en trámite; y sólo en lo que lleva transcurrido 2017 han ingresado más de doscientas nuevas causas, con una proyección de que se sumen otras cien antes de fin de año, “muchas de las cuales poseen personas detenidas y algunas se encuentran próximas a vencer el plazo de la prisión preventiva”, según sus propias estadísticas. El impacto que tendrá la nueva estructura es tal que el tribunal oral de Paraná tiene fijadas audiencias hasta el año 2021, de modo que cuando empiece a funcionar el tribunal de Concepción del Uruguay habría un efecto inmediato en cuanto a la merma en el número de juicios que llegarán en la capital provincial.