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orren días complicados para los hermanos entrerrianos Etchevehere funcionarios del gobierno nacional. Con el anuncio -y posterior decreto- del presidente Mauricio Macri que prohíbe la designación en el Estado nacional de familiares de ministros, quedó en vilo el cargo que tiene Diego Etchevehere como titular de la delegación entrerriana del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Su hermano ministro, Luis Miguel, jefe de la cartera de Agroindustria en el gabinete de Macri, se vio obligado a devolver los escandalosos 500 mil pesos que había cobrado en forma de bono de parte de la Sociedad Rural. Lo hizo sabiendo que estaba a salir un dictamen de la Oficina Anticorrupción, que conduce la macrista Laura Alonso, que reprobaba el cobro en cuestión, sospechado como "tráfico de influencias". Ahora, la versión que ubica a Diego fuera del Estado nacional recobró fuerza con publicaciones de medios nacionales que anticipan los movimientos que traerá en los próximos días y semanas la decisión presidencial de eyectar del Ejecutivo a la parentela de sus colaboradores del gabinete. El caso de los Etchevehere es uno de los señalados particularmente. Por estas horas, Juan Diego -que a su vez preside el Consejo Empresario de Entre Ríos- debería presentar la renuncia al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como delegado de ese organismo en Entre Ríos, un puesto al que llegó mucho tiempo antes del arribo a Agroindustria del ex titular de la Sociedad Rural, de la mano de Rogelio Frigerio, indicó Infobae. El bono de Luis Miguel El ex titular de la Rural anunció vía Twitter este jueves que devolvía el medio millón de pesos que le había pagado la entidad luego de que dejara la presidencia. A fines del año pasado, cuando la información del bono salió a la luz pública, la Oficina Anticorrupción le requirió a Etchevehere la información sobre "una supuesta compensación a su favor que habría aprobado la Comisión Directiva de la Sociedad Rural". El 29 de diciembre, Etchevehere respondió por escrito que la Sociedad Rural "decidió otorgar en concepto de honorarios por los servicios prestados como presidente saliente de la entidad entre los años 2012 y 2017, la suma de $500.000". Y subrayó que el pago se hizo efectivo el 16 de noviembre, es decir, una semana antes de que se publicara su nombramiento como ministro en el Boletín Oficial. Para entonces, unos 26 delegados bonaerenses de la Sociedad Rural manifestaban su "profundo desagrado" por el pago que había forzado Etchevehere en la comisión directiva. Y, en paralelo, la Oficina Anticorrupción enviaba una carta a las autoridades de la Sociedad Rural para que le informara si "existían honorarios pendientes" a favor de Etchevehere, la fecha de pago y si "otras autoridades" de la entidad habían recibido bonos similares. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, había anunciado la designación de Etchevehere el 31 de octubre. Es decir, cuando el 14 de noviembre la asamblea de la Sociedad Rural aprobó el bono, ya hacía dos semanas que se sabía públicamente que era el nuevo ministro de Agroindustria. En la nota que le envió a la Oficina Anticorrupción, Etchevehere argumentó que el pago había sido "en concepto de honorarios por los servicios prestados". Pero la Sociedad Rural respondió que a fines de octubre no había "factura pendiente de pago" de honorarios. En paralelo al trámite de la Oficina Anticorrupción, una denuncia activó una presentación judicial por el bono de la Sociedad Rural Argentina, que actualmente tiene en sus manos el juez Marcelo Martínez de Giorgi.