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a jueza de Transición Paola Firpo notificó en la mañana de este martes al Ministerio Público Fiscal y a la querella que representa a Dolores Etchevehere, que se había hecho lugar a la apelación contra el requerimiento del fiscal Alejandro Cánepa del 29 de diciembre en el marco de la causa por el supuesto delito de administración fraudulenta que la mencionada inició contra sus familiares: Luis Miguel (actual ministro de Agroindustria de la Nación), Arturo Sebastián y Juan Diego (delegado en Entre Ríos del Ente Nacional de Comunicaciones), y la madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere. La medida rechaza, entre otras cuestiones, la ampliación del requerimiento fiscal sobre la Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER), y el supuesto delito de vaciamiento a partir de la venta de una gran cantidad de inmuebles, incluyendo en la maniobra al edificio donde funciona El Diario de Paraná. Entre las nuevas pruebas figura el Expediente Nº 19.059, actualmente en el juzgado Civil y Comercial Nº 7, a cargo de Martín Furman, informó Uno. Se trata de una resolución que dejará en suspenso todas las medidas de prueba que había solicitado el fiscal y que se venían produciendo hasta tanto se realice la audiencia de mejoramiento de recurso. En base a esa audiencia, donde las partes podrán mejorar sus argumentos, la jueza Firpo tendrá que resolver cómo continuará el proceso. Esto quiere decir también que quedaron postergadas las indagatorias que habían sido fijadas entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, donde debían comparecer el ministro Etchevehere, sus hermanos y la madre. Por lo pronto, las únicas medidas de prueba con las que se pudo avanzar consisten en pedidos de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el entrecruzamiento de datos, aunque todavía no fueron contestados. Según publicó el diario Uno, la Resolución refiere que los abogados defensores, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini "podrán presentarse ante el tribunal de alzada, manifestando su intención de mejorar su articulación dentro del plazo de tres días contando desde que las actuaciones tengan entrada en aquel". La jueza, en el dictamen, dispuso que se libre oficio al Poder Ejecutivo Provincial "a fin de que, por intermedio del área correspondiente remita copias certificadas de los decretos de emergencia agropecuaria, dictados en el transcurso del año 2011". También se requirió un oficio a la Asociación Mutual Solidaria (AMUS) "para que informe y acompañe las constancias respectivas de todas las solicitudes de créditos, mutuos y refinanciaciones de los mismos, cancelaciones parciales y totales, celebrados entre esta y Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER), entre los años 2010 y 2017".