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e la redacción de INFORME DIGITAL La diputada nacional Mayda Cresto (Justicialista) presentó un proyecto de ley para que las mujeres que sean víctimas de violencia de género, y se desempeñen en la administración pública, puedan hacer uso de licencia con goce de haberes. El proyecto es similar al presentado por la vocal gremial del Consejo General de Educación (CGE), Perla Florentín, en 2016. La iniciativa fue reiterada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en noviembre de 2017 a la titular del CGE, Marta Irazábal de Landó; y en la primera reunión paritaria de este año. El proyecto aún espera ser aprobado para que comience a aplicarse. El texto de Agmer propone la incorporación (ad referéndum del Poder Ejecutivo Provincial) del inciso V) al artículo 16º, bajo el título “Licencia por violencia de género”, en consonancia con la Ley Nacional Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales y el Protocolo Interministerial e Intersectorial de acciones destinadas a la prevención, protección y asistencia integral de la violencia de género y violencia familiar de la provincia. El proyecto de Cresto, en tanto, establece que las trabajadoras que cumplan funciones en la administración pública, cualquiera sea su antigüedad o escalafón, puedan hacer uso de licencia con goce de haberes en caso de ser víctimas de violencia de género, esto es: violencia física, psicológica o económica por el hecho de ser mujer. El resguardo se hace extensivo también a los hijos e hijas de la víctima. En tanto, para que la licencia entre en vigencia, alcanza con la mera invocación y comunicación por cualquier medio a su alcance al área de Recursos Humanos que corresponda, debiendo en un plazo no mayor a 48 horas, acompañar con una copia de denuncia judicial o certificación emitida por autoridades competentes. “Las trabajadoras afectadas por situaciones de violencia de género recurren a licencias inespecíficas para poder tener el tiempo para recuperarse de las agresiones, iniciar acciones legales, recurrir a atención psicológica y jurídica o acceder a contención afectiva”, señaló la legisladora. Entre el proyecto presentado por Florentín -en el CGE- y el de Cresto -en el Congreso- hay una diferencia sustancial. Mientras que el primer busca la licencia por violencia de género para el sector docente; el de la legisladora amplía esa posibilidad a todas las trabajadoras de la administración pública.