E

l diputado provincial, Joaquín La Madrid (Cambiemos), solicitó la intervención de la Municipalidad de Puerto Yeruá, Departamento Concordia, “debido a los hechos de gravedad institucional que son de público conocimiento”, y que tienen como protagonistas al intendente, Fabián Cevey y a varios funcionarios de esa localidad. El intendente de Puerto Yeruá firmó con la fiscalía un acuerdo de juicio abreviado, aceptando su culpabilidad y una condena de 3 años de prisión condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para cargos o empleos públicos y la devolución de los terrenos mal habidos. La documentación del juicio abreviado también fue firmada por María Griselda Brassesco, Secretaria Municipal; Gabriela Andrea Girard (esposa de Cevey); Alejandro Joaquín Cevey (hijo); Brenda Soledad Cevey (hija) y Ramón María Benítez. Intervención provincial por 180 días El proyecto de La Madrid, que además lleva las firmas de los legisladores María Alejandra Viola, Alberto Rotman y Esteban Vitor, pretende la intervención provincial en el municipio por 180 días. Además, insta al Poder Ejecutivo provincial a que, en ese término, regularice la anómala situación que viven, desde la resonancia de estos hechos, los vecinos de la ciudad. El artículo 3 de la iniciativa legislativa establece que “el funcionario interventor tendrá las atribuciones, deberes y obligaciones inherentes a los actos de administración de la Municipalidad y que procederá a la regularización de la situación institucional”. “Esta presentación no me resulta cosa grata pero la entiendo sumamente necesaria, imperiosa y pertinente (avalada por ley) porque estamos frente a un hecho de magnitud”, declaró el autor del proyecto, integrante del bloque de “Cambiemos”. “Nos enfrentamos a una situación de gravedad institucional inusitada, en tanto los protagonistas de estos sucesos son un Intendente, algunos miembros de su gabinete y sus familiares”, continuó el legislador oriundo de Concordia. “Cevey presentó la renuncia y en unos pocos días deberá hacer frente a un proceso penal en el que sería incriminado por haber obtenido para él y sus familiares una serie de terrenos públicos a precio vil”, argumentó. Dijo entonces que, “mientras éste se sustancia, dejará a la administración municipal en una situación de vulnerabilidad inaudita. El pedido de intervención demanda, en síntesis, que el Ejecutivo provincial tome cartas en el asunto”.