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e la redacción de INFORME DIGITAL Se cumple este domingo un año del femicidio de la joven Micaela García, ocurrido en Gualeguay la madrugada del sábado 1° de abril de 2017. Su cuerpo fue encontrado una semana después y por el crimen fueron condenados a cadena perpetua el femicida y violador reincidente Sebastián Wagner y a cinco años de prisión Néstor Pavón. Fue uno de esos asesinatos que movilizan cambios políticos en los pesados y lentos engranajes del Estado. Durante la semana que Micaela estuvo desaparecida hubo marchas y concentraciones multitudinarias en cientos de puntos del país y luego de confirmarse su femicidio las movilizaciones aumentaron, ejerciendo una presión insoslayable para los poderes Ejecutivo, Judicial y, especialmente, Legislativo. Además del debate general sobre el machismo y la violencia de género, la discusión puntual que quizás más se agudizó por el femicidio de la joven oriunda de Concepción del Uruguay fue el régimen de excarcelaciones a condenados. Quedó en el ojo de la tormenta el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien había otorgado la libertad condicional a Wagner -que purgaba pena por otras violaciones- a pesar de los informes negativos sobre su conducta que había emitido el Servicio Penitenciario. A Rossi le sobrevino una lluvia de pedidos de destitución. En rigor hay ocho presentaciones -hechas por sectores que van desde senadores hasta organizaciones de mujeres- que motivaron su jury (juicio político a jueces). El proceso avanza con una lentitud difícil de entender, frenado principalmente por las recusaciones a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que la defensa del magistrado interpone sistemáticamente para aletargar el expediente. De todas formas, mientras tanto Rossi está suspendido. Leyes Varias leyes se presentaron y reactivaron a raíz de la presión social que, desde el femicidio de la joven universitaria que militaba en el Movimiento Evita, exigió que la legislación haga más por proteger a las mujeres de la violencia de género. Los padres de Micaela, Néstor García y Andrea Lescano, se hicieron presentes en el Congreso de la Nación para la presentación de una batería de leyes para prevenir femicidios. Fueron las leyes de capacitación obligatoria y continua en género para todos los funcionarios del Estado; una que establece un programa de capacitación de promotores territoriales en género de alcance nacional; y otra orientada a un plan nacional deportivo para la integración y la no violencia a las mujeres. Los padres, además, por su cuenta, crearon la Fundación Micaela García, desde la cual tomaron el femicidio de su hija como una bandera para promover conciencia, educación y políticas públicas de género. En la provincia, acordaron con el gobernador Gustavo Bordet el inicio de un trabajo articulado con el gobierno provincial para "mejorar la estructura de la parte judicial, legislativa y el Poder Ejecutivo" a través de programas y distintas acciones institucionales. En el Congreso se aprobaron durante el año pasado varias leyes a consecuencia del crimen: se reimpulsó el “Registro Nacional de Delincuentes Sexuales” (RENADESE) y se reformó el régimen de excarcelaciones -salidas transitorias y la libertad condicional- para condenados por delitos graves (homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, entre otros). En Entre Ríos, en particular, el caso tuvo repercusiones en la Legislatura provincial. Desde el peronismo se presentó un proyecto para impedir el juicio abreviado por delitos sexuales en la provincia, y que de esta manera los violadores no puedan acceder al beneficio de la probation. El gobernador Bordet anunció en la Asamblea Legislativa de este año que impulsará la reforma del Patronato de Liberados de la provincia, el organismo que debe seguir el comportamiento de los presos con libertad condicional. Bordet quiere implementar el concurso público para acceder a su Dirección. Además, desde el radicalismo y el PRO se reclamó al mandatario provincial que reglamente el Registro de Defensa de la Integridad Sexual -"de Violadores"-, sancionado por ley en 2011 y nunca puesto en vigencia.