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os gobernadores siguen de cerca cómo es la distribución y qué distritos ganan y cuáles no con las obras que la Nación licitará a través del programa de Participación Público-Privada (PPP). Los distritos centrales llevan la delantera en la adjudicación de los trabajos pero el pedido de las provincias es que "se priorice el criterio federal". De los gastos presupuestados para este año, el 25% no tiene una asignación provincial específica (es clasificado como "nacional" o "interprovincial"). Del resto, el 42% se concentra en Buenos Aires (22%) y en la ciudad de Buenos Aires (20%); le siguen Córdoba (4,5%) y Santa Fe (4,3%). Hay 12 provincias a las que, en conjunto, se les asigna menos del 10% del gasto. La provincia que gobierna María Eugenia Vidal tiene un peso electoral fundamental, ya que concentra más de un tercio del total de votantes del país. Las otras privilegiadas le siguen en importancia electoral: Córdoba significa el 8,68% del padrón, Santa Fe el 8,36% y Capital Federal casi el 8%. Según el informe que publicó La Nación, si se toma solo el gasto de capital (tanto por inversión real directa como por transferencias de recursos), el 38% no tiene definición geográfica ("nacional" o "interprovincial"); y del resto Buenos Aires se lleva el 15% y la CABA, el 10%. Atrás vienen Santa Fe, con 4,2%, y Río Negro, con 3,2%. La única obra a ejecutarse mediante este mecanismo de participación público-privada para Entre Ríos es el puente Paraná-Santa Fe, cuya licitación está prevista para el mes de septiembre y tendrá un costo superior a los 650 millones de dólares. Reclamo Más allá de los reclamos individuales, los gobernadores apuntan a que la comisión bicameral encargada de seguir el tema -la preside el diputado Diego Bossio (Bloque Justicialista)- insista en que todos los distritos sean tenidos en cuenta a la hora de la distribución de las obras. "Vamos a exigir un criterio federal y también a controlar el mecanismo de financiamiento, que aunque es interesante tuvo fallos en otros países", dijo Bossio a LA NACION. El diputado planteó que está claro que ningún privado "pondrá plata donde no hay rentabilidad asegurada, pero para eso está el Estado", y describió que, en ese sentido, la "variable federal" tiene que jugar "fuerte" en el esquema de financiamiento, en donde el 30% lo ponen los privados y el resto, el sector público. En plena discusión por el pacto fiscal, los gobernadores plantearon que había una reducción de la cantidad de obras públicas asignadas a las provincias con el argumento de que parte de lo que les toque vendría con los PPP. "Y no llega ni por un lado ni por el otro", advirtió un ministro tucumano. Otra alarma se encendió cuando de 38 proyectos de PPP para 14 provincias por US$9500 millones del Plan Nacional de Agua que gestiona la Secretaría de Recursos Hídricos, del Ministerio del Interior, los más grandes (unos US$4500 millones) fueron para Buenos Aires y Mendoza. Hay previstas por esta modalidad la ejecución de plantas depuradoras para Tucumán, Gran Rosario y Santa Fe. Este año, el mayor peso de la obra pública recae sobre el sistema de PPP; el presupuesto incluye 52 iniciativas por US$21.000 millones. De ese importe global, Buenos Aires es la provincia más beneficiada para hospitales (serán seis; en el interior solo hay previsto uno para Neuquén) y cárceles (tres unidades). Se trata de proyectos más complicados porque su operación y gestión son más sofisticados que, por ejemplo, rutas o tendidos eléctricos. Prioridades La posición de los gobernadores con el PPP es similar a la que tienen con el Plan Belgrano, que apunta a revitalizar el norte del país y que también tiene proyectos por PPP. Hay reclamos porque entienden que existen "favoritismos" y que el desarrollo no es "armónico", según coincidieron distintas fuentes. Catamarca, Tucumán y La Rioja señalan que están rezagadas, por ejemplo, frente a Jujuy y Salta. Eduardo Koch, experto en PPP del estudio Nicholson y Cano, advirtió que "en general siempre el sistema empieza con autopistas en áreas rentables y no con infraestructura social. Es que primero hay que atraer a los inversores, demostrarles que hay condiciones de seguridad jurídica y capacidad de repago. Si la propuesta es una obra donde el flujo de recursos es bajo, los bancos exigirán a los empresarios un tasa de retorno muy alta o directamente no les prestarán". El próximo 20 de este mes se abrirán las ofertas para la primera parte de la red de Autopistas y Rutas Seguras, que prevé una inversión de US$6000 millones en los primeros cuatro años del proyecto. Las obras claves están en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Córdoba y Santa Fe.