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e la redacción de INFORME DIGITAL Así como pasó con fondos coparticipables, políticas tributarias y cajas jubilatorias, el gobierno central y las administraciones provinciales empiezan este lunes una nueva negociación, que promete rispideces, para abordar en conjunto el problema de las subas de tarifas de luz y gas. La convocatoria a los responsables de las carteras energéticas de las provincias que integran el Consejo Federal de Energía (no lo hacen Misiones, Santiago del Estero, San Luis y La Pampa) fue para las 14.30 de este lunes en el Palacio de Hacienda. El objetivo de la Nación es presentar una propuesta para que las provincias absorban el 50% del subsidio a las tarifas sociales que haya en sus territorios: “coparticipar” el costo fiscal y político de los tarifazos, como indica Clarín en una nota que puede leerse completa en la sección Entre Ríos en los medios nacionales. Según ese matutino, la idea fue sugerida por la UCR, la Coalición Cívica y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y consiste en que las provincias "hagan un esfuerzo" para amortiguar la suba de las tarifas de la luz y el gas, lo cual puso en alerta a los gobernadores, que alegan que no tienen espalda fiscal para soportar la mitad del subsidio en sus provincias. En las gobernaciones la actitud de cara al cónclave energético oscila entre la expectación y el rechazo. “Esperar y ver qué se propone” dicen en algunas gestiones, mientras que en otras se niegan de antemano a la idea: "es una locura, porque si una provincia no cuenta con recursos, su población pagará el doble (de tarifa social) que otra que financia el 50%. Discriminan a las provincias pobres de las ricas", alertó un funcionario de una provincia opositora. Mientras tanto, en la Casa Rosada descartan la opción de dar marcha atrás con los aumentos, remarcan que el 30% de las boletas es carga tributaria y apuntan que las provincias deben aportar para mantener la tarifa social. En Entre Ríos algunos de los principales funcionarios en la materia son Jorge González, secretario de Energía y a su vez presidente de la empresa estatal de energía, ENERSA; José Carlos Halle, interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (E.P.R.E.) –el organismo que autoriza los aumentos de tarifas solicitados por ENRSA-; mientras que Nelio Calza es el titular de la Compañía Entrerriana de Gas S.A. (CEGSA). En la provincia, del 100% de lo que paga el usuario en las tarifas, el 21% lo representa el IVA –impuesto nacional-; el 18% la carga tributaria provincial –correspondiente por ley al Fondo de Desarrollo Eléctrico de Entre Ríos (FDEER)-; y a ello se suman las tasas municipales que se cobran en las distintas ciudades, en valores distintos según cada Comuna. Es decir que, de arranque, casi el 40% de la tarifa se va en impuestos. En algunas ciudades la tributación que agrega el municipio hace llegar la carga hasta por encima del 60%. En la Legislatura provincial se vienen sucediendo cruces de declaraciones sobre cuál gobierno (el provincial o el nacional) es más responsable de los tarifazos. También hay proyectos para reducir los impuestos que encarecen las boletas: Cambiemos propone que la administración de Gustavo Bordet reduzca la carga provincial y el Partido Justicialista impulsa lo propio en el caso del IVA que cobra la gestión central de Mauricio Macri.