D

e la redacción de INFORME DIGITAL La ley de Consorcios Camineros es una de las iniciativas más militadas por Cambiemos en Entre Ríos. Se trata de “asociaciones sin fines de lucro constituídas por grupos de productores o vecinos asociados voluntariamente, cooperativas y entidades rurales, para conservar o mejorar los caminos de la red vecinal o rural”. La normativa, según su impulsor, el diputado provincial del PRO y dirigente de la Sociedad Rural, Esteban Vitor, permitiría resolver falencias de Vialidad Provincial en la tarea, pero encontró desde el inicio fuerte resistencia en el sindicato de los trabajadores del organismo, quienes sospechan de "una transferencia de recursos públicos al sector privado que pone en peligro la fuente laboral de los trabajadores viales". Más allá de las opiniones sobre la iniciativa, el texto se encuentra todavía en etapa de debate y análisis en la Cámara de Diputados de la provincia, más precisamente en las comisiones de Comunicaciones, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales; y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento. Su último tratamiento data de septiembre del año pasado. No obstante, a pesar de que la polémica al respecto aún no arribó a un acuerdo que habilite su regulación a través de la ley, referentes de la alianza UCR-PRO promocionan su trabajo en el avance de los consorcios a lo largo y ancho de la provincia. La diputada nacional electa en 2017, referente del PRO y de la Sociedad Rural, Alicia Fregonese; el senador nacional Alfredo De Angeli; y funcionarios del ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, se reunieron con intendentes para “avanzar en los consorcios camineros”. “Si mejoramos los caminos, tenemos más desarrollo y más familias seguras y comunicadas”, difundió la legisladora en las redes. Del encuentro participaron los jefes comunales radicales de Viale, Uriel Brupbacher; Nogoyá, Rafael Cavagna; y Maciá, Román Troncoso. El proyecto La iniciativa de Vitor propone que Vialidad provincial ejerza “el control técnico” de las obras que realizarán los Consorcios y emita el certificado final de obra. La Comisión Directiva del Consorcio, en tanto, podría: “organizar los servicios; administrar el presupuesto de la entidad; nombrar personal; suscribir los contratos para la ejecución de obras; contratar servicios técnicos, profesionales, personal; y operar con Bancos u organismos de crédito”, entre otras atribuciones. Sus recursos provendrían de: los Consorcistas; la DPV; el Estado Provincial; la Nación; organismos de crédito; personas beneficiadas no asociadas al consorcio; adherentes; entre otros. El aporte de Vialidad provincial podrá ser “en efectivo, en equipos, asesoramiento técnico, mano de obra, materiales, etc”, prevé el proyecto. El texto es resistido por los trabajadores de Vialidad, quienes han manifestado: “confiamos que los diputados justicialistas adoptaran una posición en resguardo de la fuente de trabajo de los dos mil trabajadores viales y su familia”. Esto, hasta el momento, viene siendo así. De hecho, legisladores de Cambiemos han arribado a un acuerdo con el gobernador Gustavo Bordet para la sanción de una ley “sin despidos”. Sin embargo, el oficialismo en la Cámara Baja mantiene trabado el proyecto, lo cual provoca no pocas críticas desde el radicalismo y el macrismo, que exigen la luz verde para los consorcios.