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l Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) fijó fecha para el inicio del juicio contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, entre otros, en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. 

Se trata del expediente más importante de las causas por corrupción en las que está acusada la ex Presidente y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, ya que la Sala II de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras investigadas son un delito precedente que permitió expandir “la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero, donde se reiteran prácticamente los mismos acusados.

Tras evaluar la prueba solicitada por el fiscal ante el Tribunal, Diego Luciana, el TOF 2 -integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara- fijó fecha para que comience el primer juicio contra Cristina Kirchner: será el 26 de febrero de 2019 a las 12 en los Tribunales de Comodoro Py, donde la ex Presidente ya tiene otras dos causas elevadas a juicio sin fecha de inicio.

El fiscal Luciani había pedido una extensa lista de testigos encabezada por la dirigente Elisa Carrió, la ex diputada Margarita Stolbizer, el valijero Leonardo Fariña y el ex titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy. Además, en el listado se incluyó al ex director de Vialidad Nacional y actual ministro de Energía, Javier Iguacel, como a Sergio Brodsky titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Iguacel impulsó las denuncias por irregularidades en la obra pública contra el kirchnerismo cuando asumió en Vialidad.

Por su lado, la Oficina Anticorrupción  -que es querellante en la causa-, a cargo de la funcionaria del PRO, Laura Alonso, también entre su lista de testigos incluyó a los periodistas de Clarín Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki, entre otros.

El juez Julián Ercolini fue quien instruyó la causa y procesó a la senadora  de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado por favorecer a Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas, publicó Clarín.

A Cristina Kirchner le es endilgada la presunta participación en una misma maniobra, con diversas responsabilidades y, según la acusación, un único fin: "convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz". Lázaro Báez cosechaba una amistad de años con Néstor Kirchner cuando el ex gobernador sureño asumió la presidencia en 2003.

Según la acusación judicial, durante las administraciones kirchneristas se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.

Así, se señaló a Cristina y sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron parte de "una asociación" destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz". Ese circuito de contrataciones "irregulares" permitió que entre 2004 y 2015 el patrimonio del "amigo presidencial" creciera un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.

Pero según la investigación judicial no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes" Cristina y Néstor Kirchner, según el procesamiento.  La "operación criminal" fue, según la Justicia, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".