E
l ahora secretario de Agroindustrias de la Nación, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere, fue denunciado por supuesta defraudación al Estado por haber dejado abierto el registro de ventas de granos al exterior días antes de que se oficializaran las retenciones a esta actividad. También apuntan contra las firmas que se inscribieron generando una pérdida millonaria al Estado nacional.
Especialistas en agro confirmaron que entre el jueves y viernes pasado, las firmas exportadoras de granos inscribieron en el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) unas 8,5 millones de toneladas de granos. Las multinacionales se apresuraron a hacerlo debido a los rumores cada vez más fuertes de que iban a ser objeto de retenciones al trigo y al maíz y que en caso de la soja se frenaría la rebaja.
Por ello, el abogado Marcelo Parrili radicó una denuncia “contra Etchevehere y cerealeras por tentativa defraudación a la administración pública”. También, solicitó el “allanamiento del Ministerio de Agroindustria, secuestro de documentación y medida cautelar para que no se eluda el pago de retenciones", publicó en las redes sociales el autor de la denuncia.
La presentación se basa en una supuesta comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta contra la Administración Pública en el grado de tentativa y apunta a Etchevehere y “quienes resulten coautores, junto con aquel, de la maniobra ilegal llevada a cabo contra el Estado Nacional".
La presentación se basa en una supuesta "registración irregular llevada a cabo entre el 27 y el 31 de agosto de 2018, en el Registro respectivo, de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DIVE) de granos, oleagionosas y subproductos de los mismos con el evidente propósito de facilitar la elusión del pago de las retenciones impositivas sobre los mismos fijadas por el gobierno nacional".
Para Parrili, al mantener abierto el registro, Etchevehere permitió la elusión impositiva por parte de quienes “resultan coautores de la maniobra ilícita que se denuncia, con grave perjuicio para la administración pública en cuanto se la priva de la percepción de un impuesto nacional".
El letrado también sugiere “incautar la prueba documental que resulte de importancia para la investigación" por lo que pide el allanamiento del ministerio de Agroindustria, ubicado en avenida Paseo Colón 982 de la Ciudad de Buenos Aires.
