Etchevehere no declaró ante Nación una millonaria deuda a la ATER
El secretario de Agroindustria de la Nación admitió en su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de unos $30 millones y una falta de pago de $346 mil a la AFIP, pero omitió más de $70 mil que debe a la Provincia.
Secretario de Agroindustria de la Nación, entrerriano Luis Miguel Etchevehere.
P
ese a haber declarado un patrimonio de casi 30 millones de
pesos, compuesto por inmuebles, campos, un yate de casi $ 1 millón, tenencia de
dólares por más de 1.800.000 pesos y acciones en varias empresas, y haber
blanqueado “gastos personales” por más de 2 millones en 2017, el secretario de
Agroindustria de la Nación, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere, fue ejecutado y embargado
por la justicia provincial a raíz de una deuda impositiva con la Administradora
Tributaria de Entre Ríos (ATER), que ascendía en febrero de este año a 70 mil
pesos.
Así surge de la sentencia dictada el 20 de febrero de este
año por la jueza Adriana Acevedo, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 10
de Paraná, en un proceso monitorio iniciado por
la ATER luego de que el organismo fiscal provincial certificara que el
funcionario del gabinete de Mauricio Macri adeudaba impuestos a la Provincia
por la suma de $54.357,95. A eso se suman los intereses que, al momento de ordenar la
ejecución, la magistrada estimó en $16.300.
El fallo que ordenó ejecutar a Etchevehere, mandó también a
trabar embargo sobre el automotor de su propiedad Marca Volvo XC90 patente
JTK877, hasta que el fisco entrerriano pueda cobrar lo que le debe.
De acuerdo a los datos que figuran en la declaración jurada
patrimonial que Etchevehere presentó ante la Oficina Anticorrupción, el ex ministro del gabinete nacional degradado a
secretario también registra una deuda con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), que llegaba, al cierre de 2017, a $ 346.128,91. Si bien informó al organismo que maneja Laura Alonso su
deuda con la AFIP, omitió declarar la deuda que mantiene con la ATER, el
organismo recaudador de su propia provincia, según dio a conocer Noticia Uno.
De ese modo, el extitular de la Sociedad Rural Argentina
incumplió la obligación impuesta por la Ley nacional de Ética Pública e
incurrió en una conducta que está sancionada por el Código Penal con pena de
prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
